Capítulo VI Constitucionalización y regulación de las candidaturas independientes. Libro: El Nuevo Sistema Político Electoral Mexicano 2015.

El Nuevo Sistema Político Electoral Mexicano en 2015.

Capítulo VI

Constitucionalización y regulación de las candidaturas independientes. 

 

Miguel González Madrid[1]

 

 

Introducción

 

En este trabajo se hace una revisión de la evolución del derecho a ser votado por la vía de las candidaturas independientes en México, pero, sobre todo, se pone énfasis en la etapa abierta en 2009 con el lanzamiento de la iniciativa presidencial que incluyó este tema. Se considera no sólo la importancia de la constitucionalización de esta figura en el marco de una internacionalización de los derechos humanos (incluyendo los derechos político electorales), sino también el notable reto de regular el derecho a ser postulado de manera independiente a la vía partidista conforme a principios que rigen las elecciones populares democráticas.

La revisión específica de la regulación de las candidaturas independientes, contenida en el libro séptimo de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos permite advertir que, en efecto, hay reglas y procedimientos de tipo común y diferencial, y nuestra presunción (o hipótesis)consiste precisamente en considerar que ambos tipos están orientados en la misma dirección para propiciar una contienda electoral equilibrada: en primer lugar, facilitar el ejercicio de un nuevo derecho, previsto en el artículo 35 fracción II de la Constitución Política federal, hasta donde es posible según el modelo de gobierno y representación política adoptado desde 1977, pero también, en segundo lugar, proteger las condiciones de mantenimiento de los partidos políticos, por ejemplo en conexión con el exclusivo acceso a la representación proporcional, la asignación de la mayor parte de financiamiento público con base en los votos obtenidos en la elección inmediata anterior y especialmente el dominio territorial nacional y regional en el que pueden operar las fuerzas partidistas. Tal equilibrio supone, además, que se sigue el principio de igual trato y, por tanto, de iguales oportunidades a actores diferentes. Esto exige una combinación específica entre los diferentes procedimientos de asignación de recursos y el imperio de condiciones legales para igualar la contienda electoral en términos de obligaciones, oportunidades y restricciones comunes.

Existe la convicción en este trabajo de que la regulación de un derecho es relevante en tanto constituye la forma de operar con eficacia un sistema electoral con una pluralidad de opciones de voto y en un entramado específico de actores y circunstancias. En este sentido, la regulación jurídica de derechos supone una potenciación –proyectada en el largo plazo– de las posibilidades de consolidación y calidad de la democracia política, al mismo tiempo que de realización de los ciudadanos como prioridad del Estado constitucional democrático, en tanto que precisa y amplía la defensa procesal de su ejercicio; es decir, permite consolidar el sistema de justicia electoral, sobre todo si el sector de derechos político-electorales requiere ser vinculado procesalmente –como así lo apunta la reforma constitucional en materia de derechos humanos– con relación a la maximización de la protección de todos los derechos humanos, sea desde el derecho nacional o, en su caso, del derecho internacional.

 

Consideraciones previas

 

México adoptó por primera vez la figura de candidaturas independientes en la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, promovida por el presidente Francisco I. Madero. La figura fue conservada en leyes electorales posteriores (20 de septiembre de 1916, 6 de febrero de 1917 y 1 de julio de 1918), pero treinta y cinco años después, con la Ley Electoral Federal (con 136 artículos) el 7 de enero de 1946 dejaron de existir las candidaturas independientes, se estableció la creación de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral (presidida por el Secretario de Gobernación e integrada por funcionarios de cepa priísta) y se abrió un largo periodo de postulación de candidatos a cargos de elección popular sólo a través de los partidos políticos. Sin embargo, la figura residual de candidatos no registrados fue incorporada en la ley electoral de 1946 y en leyes posteriores, y persiste aun en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) del 23 de mayo de 2014 en las siguientes disposiciones: Artículo 15, párrafo 1; Artículo 21, párrafo 1, inciso b; y Artículo 291, párrafo 1, inciso c.

Entre los años 2001 y 2012, varios grupos de ciudadanos postularon candidatos independientes a diversos cargos de elección popular, local o federal, pero les fue denegada la solicitud respectiva por la autoridad electoral competente (véase lista de casos). Este periodo puede ser visto como la transición hacia el reconocimiento de las candidaturas independientes, acompañada de un breve retroceso en el lapso de 2007 a 2012, ya que, si bien en las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se admitió que los partidos políticos no gozaban del monopolio de la postulación de candidatos a esos cargos, tampoco existían reglas y procedimientos que permitieran realizar el derecho a la postulación de candidatos independientes de los partidos. Con el decreto de reforma constitucional publicado en el DOF de 13 de noviembre de 2007, el constituyente permanente determinó, en el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en procesos electorales locales sólo los partidos políticos tenían el “derecho exclusivo” de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular; omitió establecer una base constitucional similar para procesos electorales federales, pero con el decreto publicado en el DOF el 14 de enero de 2008, por el que se expidió un nuevo COFIPE, estableció en el artículo 218, párrafo 1 (único) de esta ley una disposición similar a la constitucional.

La acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas,[2] promovida en 2008 por diversos partidos minoritarios a efecto de que –entre otros conceptos de invalidez ahí señalados– la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la inconstitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 218 invocado, fue analizada ampliamente por ese órgano de control constitucional y resolvió que en el ámbito federal el legislador ordinario tiene libertad de configuración legal para establecer dicha exclusividad (o, al contrario, negarla), en ausencia de una base constitucional expresa. Así, la SCJN declaró que la disposición del artículo 218 párrafo 1 (único) del COFIPE no era inconstitucional.

Ahora bien, derivado de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, de fecha 6 de agosto de 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa literalmente se vio obligado a incluir el tema de las candidaturas independientes entre las diez propuestas de su iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral, que presentó ante el Senado el 15 de diciembre de 2009. Las principales fuerzas políticas del país también presentaron iniciativas con temas similares o complementarios y, luego de casi tres años de discusiones, el decreto de reforma político electoral constitucional publicado en el DOF el 9 de agosto de 2012 trajo de vuelta las candidaturas independientes, pues estableció en el artículo 35 fracción II de la CPEUM la siguiente disposición en términos de un nuevo derecho político electoral:

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, con las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

 

El diputado (sin partido) Humberto López Lena Cruz presentó dos iniciativas (las dos únicas registradas) ante la LX Legislatura de la Cámara de Diputados: una el 2 de abril de 2009, para que se reconociera la figura de candidato ciudadano en los artículos 41 y 116 de la CPEUM; la otra, el 20 de julio de 2009, para reformar el artículo 218, numeral 1, del COFIPE, y adicionar el artículo 227 Bis, a efecto de instaurar también una vía independiente a la de los partidos en la postulación de candidatos a cargos de elección popular (véase al respecto, Gamboa Montejano y Valdés Robledo, 2011: 16). El 30 de mayo de 2012, el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma al artículo 116, fracción IV, inciso e), para quedar como sigue (véase la Gaceta Parlamentaria del 4 de junio de              2012, http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/jun /20120604/Iniciativa-5.html):

 

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

 

IV. Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que

 

a) a d) ...

 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., Apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución y sin perjuicio de las modalidades para que los ciudadanos puedan ser votados a cargos de elección popular como candidatos independientes.

 

f) a n) ...

 

V. a VII. ...

 

En virtud de que el constituyente permanente omitió armonizar el contenido del artículo 116, fracción IV, inciso e) con la reforma del 9 de agosto de 2012 al artículo 35, fracción II, de la Constitución Política federal, el diputado José González Morfín, del grupo parlamentario del PAN, presentó el 20 de septiembre de 2012 una iniciativa de reforma a dicho artículo de la Constitución; y lo mismo hizo el diputado Ricardo Anaya Cortés, del mismo grupo parlamentario, el 9 de abril de 2012. El 15 de enero de 2013 la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Tabasco suscribió una iniciativa también de reforma de dicho dispositivo constitucional, y fue presentada ante la Mesa Directiva de la Legislatura local para su trámite (véase la referencia a través de la siguiente liga de acceso: http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2013/LXI/OFICIALIA/Iniciativas/5.-Iniciativa%20Constitucion%20Federal.PDF).

El 18 de abril de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales para avanzar el proceso legislativo relativo a la reforma del artículo 116 referido. La Cámara de Senadores discutió enseguida, el 23 de abril de 2013, la minuta de la Cámara de Diputados. El proceso concluyó el 28 de noviembre de 2013 en la Cámara de Senadores. El decreto correspondiente fue publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2013, con el cual se estableció en un inciso o) una disposición similar a la del artículo 35, fracción II. Pero, por otro decreto de reforma constitucional, publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014, que había adicionado un inciso a la fracción IV del artículo 116, se recorrió dicho inciso o) para convertirse en inciso p).[3]

Así, la inclusión de las candidaturas independientes como derecho fundamental quedó alineada en esta base constitucional federal para que, a su vez, las entidades federativas armonizaran sus legislaciones del siguiente modo en el inciso p) escrito con cursivas:

 

Artículo 116. […]

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

 

[…]

 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

 

[…]

 

p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

 

Vistos estos antecedentes básicos de la constitucionalización de las candidaturas independientes en México –consideradas como un derecho fundamental y no como una pieza accesoria del sistema electoral, aun cuando robustece la pluralidad de la competencia electoral y las opciones de los votantes–, cabe analizar en las siguientes secciones de este capítulo la configuración legal federal y algunos aspectos de las configuraciones legales locales. Previamente conviene, sin embargo, proponer algunas consideraciones conceptuales y algunas referencias históricas útiles al entendimiento de la importancia política y la naturaleza de las candidaturas independientes en el marco de los procesos electorales a partir de 2015 y de la expansión de los derechos político electorales de los ciudadanos.

 

Derecho internacional y candidaturas independientes

 

En el derecho internacional –a través de la doctrina y las normativas que sugieren cada vez más principios jurídicos protectores de derechos políticos y el uso de estándares procedimentales– se ha insistido en que las legislaciones electorales deben apegarse a principios que garanticen la fundamentación y pervivencia del carácter democrático de un sistema electoral. Por ejemplo, desde 2002, la Unión Europea, por medio de la Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley coloquialmente conocida como Comisión de Venecia, ha conectado estrechamente las reformas constitucionales y legales en materia político electoral con la protección de los derechos fundamentales, en coherencia con la instauración de principios que rigen un sistema político democrático. Principalmente, en relación con el tema tratado en este capítulo, cabe señalar las condiciones comunes de registro de candidatos, el principio de igualdad de oportunidades de acceso al financiamiento público y el acceso a medios de comunicación que permanecen bajo control gubernamental (Comisión de Venecia, 2002: 16 y 18). En una línea similar, Manuel Wally (2014: 192 y ss.) ha expresado que la “igualdad de trato” hacia los diversos candidatos (de partido e independientes) debe imperar como principio en todos los actos del proceso electoral democrático, aunque este trato puede debilitarse en algunos de esos actos, por ejemplo, en la distribución secuencial de las candidaturas en el diseño de las boletas electorales, pues generalmente se favorece a los partidos políticos.

Alejandro Chanona Burguete señaló correctamente en 2008: “el derecho ciudadano a votar y ser votado para un cargo de elección popular forma parte de los derechos civiles y políticos reconocidos a nivel nacional e internacional” (Chanona Burguete, 2008: 23-42), pero de ahí no puede desprenderse un diseño específico de la legislación electoral para dar cauce a la realización de ese tipo de derechos. Sin duda, la sentencia de la CIDH del 6 de agosto de 2008, del caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, dejó en claro la posibilidad de los Estados nacionales de garantizar los derechos político electorales de los ciudadanos conforme a los estándares del derecho internacional y para atender “la necesidad de ampliar o mejorar la participación y representación en la dirección de los asuntos públicos y posibilitar un mayor acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones democráticas” (CIDH, 2008: Parágrafo 192). En consecuencia:

 

El derecho y la oportunidad de votar y ser elegido, consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención Americana, se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos (infra párrafo 197). La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa (CIDH, 2008: Parágrafo 149).

 

En ese tenor, se puede observar que la legislación electoral federal, resultante del proceso de reforma constitucional 2013-2014, contiene una serie de normas orientadas a dar lineamiento jurídico a los derechos político electorales de fuente interna y los de fuente internacional, en la perspectiva que de hecho estableció la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. En efecto, el Libro Séptimo “De las candidaturas independientes” de la LGIPE, contiene una variedad de disposiciones de los artículos 357 a 439 que regulan esta materia. Señalamos de manera resumida las disposiciones que distinguen propiamente los derechos, obligaciones y las prohibiciones que conciernen a los candidatos independientes, y omitimos las disposiciones generales que son aplicables de manera común a todos los partidos y a todo tipo de candidatos.

 

Antecedentes de las candidaturas independientes

 

Las candidaturas independientes en el mundo

 

De acuerdo con datos publicados en el sitio web de ACE Project (http://aceproject.org/epices/CDMap?question=PC008&questions=all&set_language=es), de un total de 220 países o territorios, a febrero de 2014, en 97 de ellos se admite la postulación de candidatos independientes en elecciones presidenciales y legislativas; en 58, participan sólo en elecciones legislativas; y en 17, sólo en elecciones presidenciales. Como se muestra en el Gráfico 1-VI, hay un total de 183 países que han incluido en sus legislaciones electorales las candidaturas independientes, pero cada cual la regula de distinta manera, con requisitos de postulación y registro en distintos rangos de flexibilidad-dureza, incluso con la posibilidad de formar coaliciones con partidos políticos (como en Chile) o sin ella.

 

Gráfico 1-VI. Países que admiten las candidaturas independientes

en sus procesos electivos

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ACE Project publicados en su sitio web http://aceproject.org/epic-es/CDMap?question=PC008&questions=all&set_language=es

Fecha de consulta: 20 de febrero de 2014.

 

Las candidaturas independientes son distintas en su naturaleza jurídica de las candidaturas postuladas por los partidos políticos a cargos de elección popular, pues la postulación puede ser motu proprio o, según otra modalidad, por grupos de ciudadanos asociados independientemente de la figura asociativa partido político. Por ello, en algunas legislaciones nacionales se les denomina también candidaturas ciudadanas o candidaturas cívicas. En sentido estricto, los llamados candidatos independientes por un partido político, como suele haberlos en Chile, no entran en el concepto adoptado constitucionalmente por México desde 2012. Se entiende que ese otro tipo de candidatos puede tener o no un origen político o una trayectoria política no partidista (o externa al partido de que se trate), y busca ser postulado o cobijado por un partido político con base en la coincidencia de intereses, ideologías, propósitos o en una simple oportunidad de acceder al poder político.

La inclusión de las candidaturas independientes en una diversidad de países ha obedecido a dos factores: uno de ellos relativo a las propias necesidades político electorales de cada país y, por tanto, a los acuerdos entre sus principales fuerzas políticas en un momento determinado; el otro tiene que ver con el cumplimiento de un ideal que se encuentra expreso en los instrumentos internacionales en los cuales se reconocen los derechos humanos y los de ciudadanía como base de un modelo de limitación del Estado desde una perspectiva liberal, pero también democrática en tanto que la proposición de participación y acceso de los ciudadanos en los asuntos públicos se ha universalizado. Así ha sido, sobre todo, desde 1948.

Cito, además, el artículo 23 (sobre Derechos Políticos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, celebrada el 22 de noviembre de 1969), porque su contenido declarativo es una de las bases de las consideraciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Jorge Castañeda Gutman en su sentencia del 6 de agosto de 2008, particularmente en lo que se refiere a los derechos políticos:

 

Artículo 23. Derechos Políticos

 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

 

a. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

 

b. De  votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores [...].

 

Puede observarse que los documentos citados reiteran los derechos a ser votados y a ejercer la función pública, pero en ninguna parte se encuentra referencia a procedimiento específico alguno, ya que eso corresponde establecerlo a los Estados nacionales.

 

Cuadro 1-VI. Comparativo sobre el alcance

del derecho de voto pasivo

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1793

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (en vigor, 1976)[4]

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 1999[5]

 

 

 

 

Artículo 5.

Todos los ciudadanos tienen igualdad de acceso a la Función Pública. Los pueblos libres no conocen otro motivo de preferencia, en sus elecciones, que las virtudes y los conocimientos.

Artículo 21.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 8

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.

 

Fuente: Elaboración propia (Miguel González Madrid).

 

Las candidaturas independientes en México

 

Desde 1812, con la Constitución de Cádiz, eran comunes las candidaturas a cargos de elección popular que recaían en individuos postulados sólo por pequeños grupos políticos, pues no existían los partidos políticos como formas de libre organización política de ciudadanos. Los partidos políticos en México existieron desde finales del siglo XIX, durante el porfiriato.[6],[7] Fue con la Ley Electoral de 1911, decretada por el presidente Madero, que las candidaturas independientes –como se les comenzó a denominar– coexistieron con un incipiente sistema de partidos políticos. Prueba de ello es que el elector podía depositar en la urna la boleta correspondiente una vez inscrito el nombre del candidato de su preferencia, de su puño y letra o –previa manifestación en voz alta de dicho nombre, ante la mesa de casilla– por un testigo; tal sistema subsistió con las leyes electorales de 1916 y 1917, promovidas por Venustiano Carranza, que además regularon el voto directo y “secreto”;[8] la de 1918, en particular, requirió las firmas de por lo menos 50 ciudadanos para efectos de registro del candidato independiente.[9] Debido a la Ley Electoral Federal de 1946 que permitió al Ejecutivo federal organizar las elecciones, las candidaturas independientes desaparecieron del ámbito federal, mientras que en el ámbito local –donde se ejecutó la misma disposición– fueron eclipsadas o desaparecidas por el dominio de los incipientes partidos políticos. No obstante, como opción compensatoria, se adoptó residualmente en los sistemas electorales federal y locales la figura de candidatos no registrados.[10]

Luego de varios años, en el ámbito local se volvió a legislar sobre candidaturas independientes o ciudadanas. En 1985 Tlaxcala retomó casi tal cual el espíritu de 1918, pues reguló las candidaturas ciudadanas para el cargo de Agente Municipal, postuladas por al menos 50 ciudadanos. La reforma electoral local de ese año sustituyó la designación de los Agentes Municipales por los ayuntamientos (véase Santacruz Carreño, 2012: 2), por lo que a partir de 1986 su elección estaría directamente sometida a los ciudadanos. Dicha figura de representación y gestión auxiliar fue sustituida en 1995 por la de Presidente Municipal Auxiliar y, desde 2002, por la de Presidente de Comunidad, pero el sistema de su elección no se modificó. No obstante, sin estar obligado por la reforma electoral de 2007, en 2008 el legislador local decidió también suprimir la figura de candidaturas ciudadanas para dicho cargo.[11] Por su parte, en 2005, Sonora introdujo en su legislación electoral las candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular, lo mismo sucedió en Yucatán mediante reforma legal de mayo de 2006.

En esas tres entidades federativas se establecieron normas idóneas aplicables a las candidaturas independientes para regular cuestiones de campañas, diseño de boletas electorales, gastos electorales y fiscalización, y Tlaxcala fue la entidad pionera en la materia. Del mismo modo, el requisito de un mínimo de ciudadanos firmantes para solicitar el registro de candidatos independientes se impuso también en Sonora y Yucatán. En Sonora, de acuerdo con su legislación electoral reformada en 2005, para ser postulado candidato independiente a gobernador o diputado local se requerían las firmas de 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (en el estado o en el Distrito Local, según el caso) y de 15 por ciento en la circunscripción municipal para ser candidato a integrante de ayuntamiento. En Yucatán, con una legislación electoral reformada en 2006, el porcentaje requerido para candidato a gobernador era de 2 por ciento y a diputado local de 15 por ciento, así como para candidatos a integrantes de ayuntamientos de 2 por ciento en los municipios con hasta 19 regidores, de 10 por ciento en aquellos con hasta 11 regidores y de 15 por ciento en aquellos con entre 5 y 8 regidores.

 

La transición hacia las candidaturas independientes

 

Muchos años después del caso del excéntrico político mexicano, Nicolás Zúñiga y Miranda, conocido como "el candidato perpetuo" a la presidencia de la República en sucesivas elecciones celebradas durante el porfiriato (que luego de ser derrotado denunciaba fraude electoral y se declaraba a sí mismo “presidente legítimo”),[12] otros ciudadanos se postularon a diversos cargos de elección popular por la vía de candidatos no registrados (que quedó subsistente en la legislación federal y en algunas entidades federativas) o bien por la vía de las candidaturas independientes. Los casos que abajo se señalan, a partir de 2001, constituyen el parteaguas de la transición hacia el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a ser postulados de modo independiente a los partidos políticos, de manera similar a la experiencia de 1911-1946:

 

Manuel Guillén Monzón.  De acuerdo con el expediente SUPJDC-037/2001, promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano en contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, el 3 de agosto de dos mil uno, mediante el cual resolvió no aprobar su registro como candidato a gobernador para el proceso electoral estatal del dos mil uno. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó dicho acuerdo (véase TEPJF, 2002).

 

José Hernández Mendoza y otros. Según el expediente SUPJDC-713/2004, promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano en contra de la resolución del 13 de noviembre de dos mil cuatro, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz-Llave, en el expediente del recurso de inconformidad RIN/166/01/200/2004, aduciendo que los votos emitidos por candidatos no registrados, entre los que ellos se encontraban, en el municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, no fueron computados como válidos (aunque tampoco como nulos). La Sala Superior del TEPJF confirmó la sentencia del Tribunal local.

 

León Ignacio Ruiz Ponce y otros. Según el expediente SUP-JDC332/2004, promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, de fecha veintiséis de julio de dos mil cuatro, motivados por la negativa de este órgano local a registrarlos como candidatos independientes a los cargos de integrantes del ayuntamiento del municipio de Xalapa, Veracruz. La Sala Superior del TEPJF confirmó la sentencia del Tribunal local. Este mismo ciudadano pretendió contender en 2006 como candidato independiente al cargo de presidente de la República; al serle negado el registro por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, acudió el 17 de marzo de 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en denuncia contra el Estado Mexicano, formando el expediente número P-511-06.

 

Víctor González Torres (conocido como el “Doctor Simi”) se presentó como candidato no registrado al cargo de presidente de la República, en el proceso electoral de 2005-2006. Realizó campaña electoral para ello. Los votos por candidatos no registrados nunca fueron escrutados ni computados en esa elección.

 

Jorge Castañeda Gutman. En 2005 pretendió ser registrado como candidato independiente al cargo de presidente de la República, en el proceso electoral 2005-2006. Su solicitud de registro fue negada por el Consejo General del IFE. Promovió un juicio de amparo que luego el Pleno de la SCJN conoció vía Recurso de Revisión (Amparo en Revisión 743/2005). La resolución fue confirmar la sentencia recurrida, simplemente porque en materia electoral no procede el Amparo. Castañeda Gutman llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual resolvió hasta agosto de 2008 y dio la razón al impugnante a la vez que reconoció la falta de un procedimiento de registro de candidatos independientes en la legislación electoral mexicana.

 

J. Fernando Cristóbal Mendoza Espino. Con fecha treinta de octubre de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo resolvió improcedente la solicitud de registro de dicho ciudadano como candidato independiente a diputado local, durante el proceso electoral ordinario local 2007-2008.

 

Elisa de Anda Madrazo y Antonio Carbia Gutiérrez.

Conformaron una fórmula como candidatos independientes al cargo de Diputado Federal por el XXIII distrito electoral del Distrito Federal. Su solicitud de registro fue negada por el correspondiente Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal. Al conocer el caso, por vía del Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano con expediente SDF-JDC-190/2009, la Sala Regional del TEPJF en la Cuarta Circunscripción Plurinominal confirmó el acuerdo correspondiente de fecha dos de mayo de dos mil nueve.

 

Parménides Ortiz Cano. Solicitó su registro como candidato independiente al cargo de Diputado Federal por el II distrito electoral de Tlaxcala. Su solicitud de registro fue negada por el Segundo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en Tlaxcala. Al conocer el caso, por vía del Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano con expediente SDF-JDC-192/2009, la Sala Regional del TEPJF en la Cuarta Circunscripción Plurinominal confirmó el acto de declaración de improcedencia, emitido por el Presidente Consejero mediante oficio número V.S.CD.TX.648/2009 de fecha dos de mayo de dos mil nueve.

 

El juicio del caso Michoacán (cuyo actor fue Manuel Guillén Monzón) permitió a la autoridad jurisdiccional marcar la pauta a casos posteriores mediante interpretación jurídica y criterios jurisprudenciales. La Sala Superior consideró en 2001 que la configuración legal del derecho al voto y la determinación constitucional deben ser concordantes, y advirtió un rezago de la primera, por lo que correspondía al legislador ordinario delimitar el ejercicio efectivo de tal derecho. Por tanto, “el derecho político electoral del ciudadano a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal en cuanto a que deben establecerse en la ley las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio por parte de los ciudadanos (artículo 35, fracción II), según se desprende de la interpretación gramatical de dicho precepto, así como de su interpretación sistemática y funcional con otras disposiciones constitucionales aplicables […]” (TEPJF, 2002).

Del mismo modo, del expediente SUP-JDC-037/2001 cabe citar el siguiente texto porque remite a otros casos tratados por las diversas Salas del TEPJF vía JDC y Juicios de Revisión Constitucional:

 

Como se desprende de lo que antecede, el derecho político electoral del ciudadano a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, en el entendido de que la categoría de derechos fundamentales de base constitucional y configuración legal fue utilizada por esta Sala Superior en la sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC127/2001 y SUP-JRC-128/ 2001, acumulados, fallada el trece de julio de dos mil uno.

 

Previamente, la Sala Regional Monterrey de la Segunda Circunscripción Plurinominal del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los expedientes SM-II-JDC-011/2000, SM-II-JDC096/2000 y SM-II-JDC-097/2000, en sesión celebrada el 8 de junio del año dos mil, sostuvo en forma expresa que el derecho a votar y a ser votado tiene base constitucional, pero es de configuración legal, en tanto que las normas electorales de rango legal que configuran el derecho al sufragio no lo limitan o restringen, en el entendido de que el legislador ordinario no puede imponer cualquier configuración, ya que sólo podrá establecer para el sufragio los requisitos legales necesarios para garantizar la vigencia integral de los diversos valores constitucionales protegidos (Op. Cit., pp. 33-34).

 

En elecciones municipales hubo algunos casos, principalmente en Tamaulipas, entre 1983 y 1998. Uno de los intentos exitosos y, por lo mismo, contrastante con la miríada de decisiones negativas jurisdiccionales en los casos arriba señalados, fue el de la planilla de candidatos no registrados a integrantes de ayuntamiento encabezada por María del Rosario Elizondo Salinas de Cantú, en la elección municipal de Jiménez de Santander, Tamaulipas, en 1998, quien ganó la elección gracias a la preferencia de la mayoría de electores que pegó una etiqueta con la lista de integrantes de dicha planilla en la opción candidatos no registrados de la boleta electoral. La elección fue impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral, pero éste confirmó el triunfo. Luego, al no promoverse impugnación alguna ante el TEPJF, dicha ciudadana fue ungida Presidenta Municipal para el periodo 1998-2001.

Dos antecedentes con similar éxito en la misma entidad, datan de 1983, en los municipios de Jaumave y Ocampo, sobre lo cual hay escasa información, pero en donde originalmente se utilizaron etiquetas engomadas para ser pegadas en la boleta electoral, en el recuadro de candidatos no registrados. En 2001, en el municipio de Omealca, Veracruz, la planilla de candidatos no registrados utilizó una estrategia parecida a la de Jiménez de Santander, pero no alcanzó la cantidad suficiente de votos para ganar.

 

 

 

 

Cuadro 2-VI. Candidatos independientes (y no registrados) ganadores en elecciones municipales en México

 

Año de elección

Municipio

Candidato a Presidente Municipal

Circunstancia

1983

Jaumave, Tam.

José Gudiño Cardiel *

(a)

1983

Ocampo, Tam.

Ignacio Herrera *

(b)

1986

Llera, Tam.

Guadalupe Carmona Rico

(c) Obtuvo mayoría de votos, pero se anularon varios de ellos en donde no se escribieron nombres de los suplentes. ***

1998

Jiménez de Santander, Tam.

María del Rosario Elizondo Salinas (de Cantú)

(d)

2004

Vigas de Ramírez, Ver.

Leonel Zamudio Gutiérrez

(e)

2007

Yobaín, Yuc.

José Adonay Avilés Sierra

Por primera vez, en 2006, Yucatán incluyó este derecho en su legislación electoral. Lo hizo nuevamente en 2014. (f)

2013

General Enrique Estrada, Zac.

Rafael de Luna Tovar *

 

Por primera vez, en 2012, Zacatecas incluyó este derecho en su legislación electoral.

Fuente: Elaborado con datos diversos, además del texto de Imer B. Flores (2009).

Notas:

(a) (b) (c) (d) (e): Candidato No Registrado. Utilizó una etiqueta (engomado o pegote) común para que los electores la pegaran en el recuadro legalmente admitido en la boleta electoral.

(f) Este candidato había sido presidente municipal por el PRI en 1995-98 y 2001-2004.

* Véase nota periodística de fecha 10 de abril de 2013, en http://www.janambre.com.mx/?p=12220

** Datos de su perfil, en: http://www.redpolitica.mx/yopolitico/perfil/raul/de-luna-tovar 

*** Dice Othón Villarreal Guzmán, en el sitio de Centro Noticias Tamaulipas (http://www.cntamaulipas.info/mobile/nota.php?art_ID=83727), lo siguiente: “[…] las candidaturas independientes se “ chotearon “ en 1986 cuando Américo Villarreal Guerra siendo candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas tuvo que enfrentarse a más de veinte candidatos independientes a diputados y presidentes municipales que buscaban ganar las elecciones de ese año, pero logró que la mayoría desistieran de su empeño a cambio de ciertos privilegios políticos”. / “En este contexto cabe destacar que una de esas candidaturas que no aceptaron las propuestas de Américo fue la que encabezaba en Llera el señor Guadalupe Carmona Rico, mismo que por cierto contaba con las mayorías, al grado que hasta el candidato a diputado por el entonces quinto distrito electoral Luis Quintero Guzmán prefirió acompañar en sus recorridos a Lupe Carmona que al candidato oficial que era don Pedro Rodríguez de la Cruz”. / “Al final y argumentando el gobierno y el PRI de ese entonces ciertas “irregularidades”, la Comisión Estatal Electoral y el Congreso del Estado le dieron el triunfo a Pedro Rodríguez, pues alegaron que el “engomado” donde estaban inscritos los nombres de los integrantes de la planilla independiente no aparecía el nombre del suplente del presidente”.

 

 

 

La breve contrarreforma

 

No obstante que se transitaba al reconocimiento de las candidaturas independientes, por lo menos con los criterios emitidos por el TEPJF, con la reforma electoral federal publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 2007, específicamente al artículo 116 fracción IV inciso e) de la Constitución Política federal, literalmente se obligó a todas las entidades federativas a establecer en sus leyes electorales el “derecho exclusivo” de los partidos políticos a “solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Con ello desaparecieron las candidaturas independientes. Puesto que para procesos electorales federales no se estableció una determinación constitucional expresa sobre esa prerrogativa, como se preveía hasta el 13 de septiembre de 2007, pero sí su configuración legal, concretamente en el artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), algunos partidos políticos decidieron entonces promover sendas acciones de inconstitucionalidad alegando que tal determinación legal era contraria al derecho político electoral (derecho a ser “votado para todos los cargos de elección popular”) establecido en el artículo 35 fracción II de la norma fundamental y que, además, desatendía los derechos a ser votado y a desempeñar la función pública reconocidos en Tratados internacionales firmados por México.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008 promovidas por los partidos políticos Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y Verde Ecologista de México, para combatir diversas disposiciones contenidas en el COFIPE, incluyendo el caso específico del artículo 218 que otorga a los partidos el “derecho exclusivo” de “solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”, el Pleno de la SCJN selló la cancelación de las candidaturas independientes, pues determinó que, aun cuando para elecciones federales no había alguna base constitucional relativa a ese “derecho exclusivo” de los partidos, pero sí para elecciones en las entidades federativas, según el artículo 116 reformado también en 2007, el legislador federal podía incluir normas que no tuvieran un correlato constitucional, sin ser necesariamente inconstitucionales, todo ello coincidente con el interés de fortalecer a los partidos políticos.

Por su relevancia, cito al respecto el resumen de interpretaciones diversas que los Ministros presentes manifestaron en sesión pública ordinaria número 67 de fecha 3 de julio de 2008, incluyendo la del Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia:

 

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia recordó que en la sesión pública del martes primero del mes en curso, hubo manifestación unánime de intención de voto en favor de que no se violó el procedimiento legislativo que culminó en el Decreto impugnado de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y sometió a la estimación del Tribunal Pleno el Considerando Quinto, en cuanto a “II. Exclusión de las denominadas candidaturas ciudadanas”, que sustenta la propuesta contenida en el Punto Resolutivo Segundo de reconocer la validez del artículo 218, párrafo 1, del código impugnado, toda vez que no existe una permisión expresa en la Constitución, ni una obligación por parte del Estado mexicano adquirida con motivo de instrumentos internacionales, para la regulación de las candidaturas independientes, por lo tanto, no existe inconsistencia alguna entre el artículo impugnado y la Constitución; además, se hace referencia a la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que el hecho de que no se haya establecido en la Constitución el derecho fundamental o constitucional de los ciudadanos a ser candidatos independientes para los cargos de elección popular no impide al legislador ordinario que, al ejercer su atribución, determine, en algún momento, incorporar a nivel legal el derecho de los ciudadanos, siempre y cuando ello resulte compatible con los demás derechos, bases, principios, fines y valores constitucionales (de la página mil veinte a la mil cincuenta y cinco). […] El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifestó que existen cuatro posturas: 1. Que la construcción constitucional actual no da cabida a las candidaturas independientes, por lo que debe entenderse que están prohibidas y, consecuentemente, el legislador ordinario no puede establecerlas (señores Ministros Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón y Valls Hernández). 2. Que por compromisos internacionales que México ha adquirido, por disposición del artículo 35, fracción II, constitucional, las candidaturas independientes son obligatorias, por lo que el legislador ordinario tiene el deber de preverlas (señores Ministros Góngora Pimentel y Silva Meza). 3. Que como la Constitución no tiene una prohibición ni un mandato expreso para las candidaturas independientes, queda como potestad del legislador secundario la posibilidad de establecerlas, o no (la señora Ministra Luna Ramos y los señores Ministros Aguirre Anguiano, ponente Franco González Salas y Presidente Ortiz Mayagoitia). Y 4. Que es válido el artículo impugnado pero por distintas razones a las que sostiene el proyecto (señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas y señor Ministro Cossío Díaz).

 

La nueva etapa de candidaturas independientes

 

Como consecuencia de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de fecha 6 de agosto de 2008, en el caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, el presidente Felipe Calderón presentó ante el Senado de la República, el 15 de diciembre de 2009, una iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral en la que propuso reformar o adicionar –entre otros, relativos a otros temas– los siguientes artículos constitucionales para incluir las candidaturas independientes:

 

Cuadro 3-VI. Propuesta de Felipe Calderón

para incluir las candidaturas independientes en la CPEUM

Artículo a reformar o adicionar

Resumen del contenido propuesto

 

35, fracción II (para reforma).

 

Candidato “de forma independientes” [sic].

 

41, Apartado D, fracciones V (para adición) y VI (antes V con noveno párrafo para reforma).

 

Requisito de firmas de ciudadanos no menor al 1% del padrón electoral para presentar y registrar candidaturas independientes, validadas por el IFE (nueva facultad).

 

56, fracciones I, IV y V (todas para adición). Los párrafos primero y segundo del actual 56 se reforman a través de seis nuevas fracciones y se adiciona un párrafo que señala nueva fecha de elección segundo domingo de agosto del año de que se trate.

 

Los candidatos independientes se registrarán por fórmulas y tienen derecho a una senaduría si en la entidad federativa respectiva obtienen por lo menos 25% más un voto de la votación total emitida, y tienen derecho a las asignaciones por resto mayor. En su caso, si ningún partido o candidato independiente obtienen ese mínimo, las tres senadurías por Estado serían repartidas en orden de prelación de las fórmulas contendientes según sus votos.

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Iniciativa presidencial de reforma constitucional.

 

Además, en este tema, la iniciativa propuso:

 

a) La separación clara y precisa de los candidatos postulados independientemente con respecto a los partidos políticos; y

 

b) El respaldo de la candidatura independiente de por lo menos 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la demarcación correspondiente.

 

La iniciativa presidencial de 2009 tuvo como desenlace la reforma del artículo 35, fracción II, de la CPEUM, en 2012, para incluir un nuevo derecho político electoral: el derecho a ser postulado por ciudadanos –independientemente de los partidos– en los términos establecidos por la ley secundaria de la materia. El decreto de expedición de esa ley fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2014. Sin embargo, en el ámbito local, enseguida de la reforma del artículo 35 constitucional invocado, algunas entidades federativas se dispusieron inmediatamente a incluir este nuevo derecho en sus legislaciones electorales, como fue el caso de Quintana Roo y Zacatecas, las cuales también realizaron elecciones locales y municipales en 2013. La mayoría de las entidades federativas avanzó en esa dirección una vez que se reformó a finales de 2013 el artículo 116, fracción IV, inciso e), con el que quedaron expresamente obligadas a incluir tal derecho en sus leyes.

 

Candidatos independientes en las elecciones locales y municipales de 2013

 

De acuerdo con Arturo Espinosa Sílis (2013), la participación de candidatos independientes en las elecciones locales y municipales de Quintana Roo y Zacatecas, que experimentaban su legislación electoral en esta materia, luego del decreto de reforma constitucional federal publicado en el DOF del 9 de agosto de 2012, tuvo la siguiente cobertura (se cita tal cual):

 

En Quintana Roo participaron 4 planillas de candidatos independientes para los ayuntamientos de: Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Benito Juárez y Solidaridad, y 10 candidatos independientes para diputados locales en los distritos: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. (No fue posible obtener los resultados de los candidatos independientes, ya que aún no se encuentran en la página de internet del Instituto Electoral de Quintana Roo).

 

En Zacatecas participaron 9 planillas de candidatos independientes en las elecciones municipales, en los municipios de: Cañitas de Felipe Pescador, General Enrique Estrada, Mazapil, Pinos, Sombrerete, Villa de Cos, Villa García y Zacatecas. En la elección de Sombrerete participaron dos planillas de candidatos independientes, y en la de General Enrique Estrada ganó la planilla de candidatos independientes.

 

Cuadro 4-VI. Votos obtenidos por candidatos independientes en Zacatecas (elecciones municipales celebradas el 7 de julio de 2013)

Municipio

Candidato ganador

Candidato con menor votación

Candidato independiente

Listado nominal

Cañitas de Felipe Pescador

1,390

1

617

6,151

General Enrique Estrada

1,377

2

1,377

4,563

Mazapil

3,888

8

2,571

13,525

Pinos

14,505

168

5,187

47,890

Sombrerete

8,425

152

614 / 1,499*

47,153

Villa de Cos

4,213

1,435

1,918

24,633

Villa García

2,902

4

1,340

12,141

Zacatecas

18,442

1,940

2,447

102,688

 

Fuente: Tomado de Arturo Espinosa Sílis (2015). Se modifica el título del cuadro y el contenido de la nota.

* En el municipio de Sombrerete participaron dos planillas de candidatos independientes.

 

En complemento a lo anterior, en el periodo de 1998 a 2014, en México han sido ganadores de una elección tres planillas de candidatos a integrantes de ayuntamiento en sendos municipios, como se observa en el cuadro siguiente. En Tamaulipas, en 1998, el triunfo correspondió a una planilla de candidatos no registrados, pero cuya planilla fue votada mayoritariamente mediante la colocación de una etiqueta en el espacio destinada legalmente a esa figura electoral, como subsistió en varias legislaciones locales y aun en el COFIPE. Como acertadamente señala Imer B. Flores (2009: 258), esa planilla fue compuesta por candidatos independientes, pero ganadora “y con corona”, en estricto derecho como bien lo argumentó el Tribunal Electoral de ese estado cuando resolvió la impugnación promovida por la planilla en segundo lugar.

No obstante, la primera planilla de candidatos independientes electa como tal correspondió al municipio de Yobaín, Yucatán, en 2007; y, en la época posterior, a partir de 2012, en la cual al parecer las candidaturas independientes han retornado para quedarse, la primera planilla de candidatos independientes electa correspondió al municipio de General Enrique Estrada, en Zacatecas, en 2013. Con varias entidades federativas que ya cumplieron con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso p –antes inciso o– de la CPEUM, la mayoría de las cuales realizarán elecciones de gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos en 2015, y en coincidencia con las elecciones de diputados federales, se espera una gran variedad de candidatos postulados de manera independiente a los partidos políticos. Sin embargo, la posibilidad de que algunos de ellos ganen la elección respectiva, es otra.

La inclusión de las candidaturas independientes no puede ser vista sólo como un componente técnico-político del sistema electoral de un país determinado o preferentemente como una condición formal para ampliar el diseño de una legislación electoral y, en su caso, dar así oportunidad a una contienda electoral pluralizada, no accesible sólo para los partidos políticos. Al contrario, hay que recordar que en México se comenzó a dar prioridad a los derechos político electorales de los ciudadanos desde 1986, y se creó para tal efecto el Tribunal de lo Contencioso Electoral; pero el paso decisivo en esa dirección se dio en 1996 con la creación de un sistema de justicia electoral que incluyó al Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano (JDC), al mismo tiempo que se configuró un Tribunal Electoral (integrante del Poder Judicial de la Federación) con plena jurisdicción que implicó reconocer que sus sentencias serían definitivas e inatacables. En esta consideración, las candidaturas independientes pueden ser vistas desde entonces en una perspectiva de derechos de los ciudadanos.

El reconocimiento de nuevos derechos de los ciudadanos con la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 debe ser apreciado en esa perspectiva. No sólo se reconoció una vía independiente a los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular (en el artículo 35 fracción II de la CPEUM), sino que también se reconoció el derecho de los ciudadanos a participar en procesos de consulta popular y a presentar iniciativas de ley, como quedó expresado en los artículos 35 fracción VIII y 71 fracción IV de esta Constitución.

Por otra parte, en tanto que las condiciones de la contienda electoral han estado sustentadas progresivamente en principios de equidad e igualdad, la inclusión de candidaturas independientes ha tenido que suponer una contienda electoral en la que los diversos candidatos cuentan en lo posible con igual derecho de acceso a recursos públicos y se sujetan a las mismas reglas y procedimientos generales. Así parece confirmarlo el diseño de la nueva legislación electoral federal aplicable al proceso electoral federal de 2014-2015, concretamente en el libro séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (que sustituye al COFIPE).

 

La regulación de las candidaturas independientes

 

El legislador federal estableció en la LGIPE una variedad de disposiciones relativas a la especificidad de las candidaturas independientes, especialmente en el libro séptimo que comprende los artículos 357 a 439: algunas de ellas consisten en restricciones o impedimentos que se entienden por la naturaleza temporal (circunscrita a un solo proceso electoral) de dichas candidaturas o bien por la imposibilidad de tratarlas realmente como partidos políticos; otras disposiciones se refieren a las oportunidades y los mecanismos de realización del derecho a ser votado por esa vía; un tercer sector de disposiciones tiene que ver con los requisitos y las obligaciones necesarias para el aprovechamiento de esas oportunidades y la configuración de controles básicos del acceso a derechos. Las disposiciones que tienen que ver con las reglas y los procedimientos comunes a partidos y candidatos están establecidas en los artículos comprendidos en los libros previos de esa Ley, pero se señala también, en su caso, la restricción respectiva, como es el caso de la asignación de tiempos en radio y televisión.

 

  • Por cuanto a las restricciones o impedimentos:

 

a) No procede el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. Esto significa que tales candidatos sólo pueden participar en elecciones que se rigen por el principio de mayoría relativa, sea en distritos uninominales, en única circunscripción nacional (tratándose de la elección presidencial) o en circunscripciones únicas que abarcan una entidad federativa (tratándose de la elección de senadores) (Véase el artículo 362 párrafo 1 inciso b).

 

b) Los candidatos independientes no podrán ser postulados como candidatos de partidos políticos o por una coalición (véase el artículo 387 párrafo 2).

 

c) Según el artículo 372 párrafo 2, los aspirantes a candidatos independientes no pueden contratar propaganda o cualquier tipo de promoción personal en radio y televisión.

 

d) El artículo 422 párrafo 1 determina que los candidatos independientes no tendrán derecho al uso de franquicias telegráficas.

 

  • Por cuanto a las oportunidades y los mecanismos de realización:

 

a) Los candidatos independientes tienen igual derecho que los partidos políticos a nombrar representantes en todos los actos electorales y ante los diferentes órganos electorales (consejos generales, consejos locales, consejos distritales y mesas directivas de casilla), así como para recibir y oír notificaciones de las autoridades electorales (véanse los artículos 384 párrafo 1, 393 párrafo 1 inciso f) y 397 párrafo 1).

 

b) Conforme al artículo 369 párrafo 1, al día siguiente de que los ciudadanos que pretenden ser candidatos independientes obtengan la calidad de aspirantes, “podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión”, pero sin que incurran en actos anticipados de campaña. Esta oportunidad es equiparable a la del momento de precampaña dentro de un proceso interno partidista.

 

Ahora bien, el artículo 370 párrafo 1 define esos actos como “el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito” legal de registro, por medio de “cédulas de respaldo”, todo ello de acuerdo con los periodos (ajustables por el propio INE) y los porcentajes establecidos en el artículo 369 párrafo 2 incisos a), b) y c), y el artículo 371 párrafos 1, 2 y 3, como se observa en la siguiente tabla:

 

Cuadro 5-VI. Periodos de realización de los actos tendentes a recabar firmas de apoyo y porcentaje requerido del listado nominal

 

Cargo de elección

 

 

Periodo (días)

 

 

% de ciudadanos inscritos

(otro requisito similar)

 

Tipo de lista nominal

 

Presidente de los EUM

120

1 (En por lo menos 17 EF con por lo menos 1% en cada una de ellas)

Nacional

Senador

90

2 (En por lo menos la mitad de DEU y al menos 1% en cada uno de ellos)

Entidad Federativa

Diputado

60

2 (En por lo menos la mitad de secciones electorales y al menos 1% en cada una de ellas)

Distrito Electoral Uninominal

(DEU)

 

Fuente: Elaborado de acuerdo con el artículo 369 párrafo 2 de la LGIPE.

 

c) El artículo 390 párrafo 1 señala que los candidatos independientes no pueden ser sustituidos. Sin embargo, el artículo 391, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que tratándose de fórmulas de diputados, será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario y que la ausencia del suplente no invalidará la fórmula.

 

d) Según el artículo 407 párrafo 1, el conjunto de candidatos independientes a los diversos cargos de elección popular en el país podrán recibir financiamiento público para sus campañas electorales y, por tanto, serán tratados como un solo partido político de nuevo registro. Los partidos políticos de nuevo registro sólo reciben financiamiento público de la porción de 30% que se reparte entre todos los partidos por partes iguales, y no reciben financiamiento público de la porción de 70% conforme a los votos obtenidos en la elección anterior, puesto que no tienen antecedente de participación electoral.

 

Cuadro 6-VI. Uso de propaganda por los aspirantes/candidatos independientes y derecho a aparecer en las boletas electorales

 

Acceso a radio y televisión

 

Uso de fotografía o silueta personalizada

Reuniones públicas + Asambleas + Marchas

Financiamiento público

 

 

Aspirante a candidato (realiza actos equiparable a los de precampaña)

 

No

No hay regulación

No

Candidato independiente registrado en campaña

 

En la boleta electoral, No

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado conforme a la LGIPE.

 

Por otra parte, en elecciones concurrentes de presidente, senadores y diputados, de acuerdo con el artículo 408 párrafo 1 incisos a), b) y c), el monto global para candidatos independientes se debe repartir para los tres tipos de elección por partes iguales (33.3% en cada tipo) y de manera igualitaria cada porción entre todos los candidatos independientes. La LGIPE no establece disposición alguna tratándose de elecciones legislativas intermedias (cada 3 años), sino que sólo previene (artículo 408 párrafo 2) que, en el caso de que un solo candidato independiente obtenga registro en un tipo de elección, “no podrá recibir financiamiento que exceda el 50% de los montos referidos” para cada tipo de elección.

 

e) La LGIPE garantiza el derecho de los candidatos independientes que han obtenido su registro a utilizar propaganda y a aparecer en las boletas electorales en igual trato que a los partidos políticos. Así, incluso, las opciones por candidatos independientes en las boletas electorales se distinguen por medio de emblemas propios y, por tanto, en este tipo de documento electoral está prohibido el uso de fotografías o siluetas personalizadas. Pero, por otra parte, establece algunas restricciones a los aspirantes a candidatos independientes que los posicionan en desigualdad con respecto a los partidos políticos, ya que no tienen acceso al uso de tiempos y espacios en radio y televisión. (Véase el cuadro 6-VI).

 

  • Por cuanto a los requisitos y obligaciones:

 

a) La participación de candidatos independientes en la elección de senadores, en cada entidad federativa, debe ser a través de una lista de dos fórmulas (con un propietario y un suplente por fórmula), precisamente para tener acceso al procedimiento de asignación de senadurías de primera minoría, como está previsto en el artículo 56 de la CPEUM en los términos siguientes (véase el artículo 363 párrafo 1 de la LGIPE):

 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate

 

De la elección de senadores por mayoría relativa se desprende la posibilidad de que los candidatos posicionados en segundo lugar, de la fórmula que encabeza la respectiva lista, obtengan la única senaduría de primera minoría por entidad federativa.

 

b) Es obligación de los ciudadanos que pretenden ser postulados como candidatos independientes: en primer lugar, dar a conocer por escrito ante el INE tal intención, una vez publicada la convocatoria expedida por esta autoridad electoral y hasta antes del inicio del periodo para recolectar firmas de apoyo ciudadano; y, en segundo lugar, presentar ante el INE la documentación que acredite la creación de una Asociación Civil (persona moral) a efecto de tener tratamiento fiscal igual que un partido político y recibir así financiamiento público y privado. Conforme al artículo 368 párrafos 4 y 5, este requisito implica el registro de la Asociación Civil como persona moral ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su integración por tres personas: El aspirante a candidato independiente + un representante legal + un encargado de la administración de recursos.

 

c) De acuerdo con el artículo 373 párrafos 1 y 2, en correlación con el artículo 368 párrafo 4, es obligación de la Asociación Civil abrir una cuenta bancaria para recibir financiamiento privado durante el periodo para recabar firmas de apoyo ciudadano y, en su caso, para recibir financiamiento público y privado durante la campaña electoral.

 

d) En los términos del artículo 378 párrafos 1 y 2 (y los correlacionados 374, 375, 376, 377 y 409), los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes, a través de la Asociación Civil, están obligados a entregar ante la Unidad de Fiscalización del INE un informe de sus ingresos y egresos. El incumplimiento de esta obligación será causal para negar el registro al candidato independiente de que se trate e imponer otro tipo de sanciones.

 

Conclusiones

 

Como bien han mostrado los estudios de derecho electoral comparado (por ejemplo, Gilas y Medina Torres, 2014; ACE Project, 2014; y Gamboa Montejo y Valdés Robledo, 2011), cada vez más hay disposición de los legisladores para que las elecciones populares transcurran en condiciones de igualdad o equidad, además de plena libertad. Cuando una legislación electoral ha previsto la inclusión de candidatos independientes, además de los candidatos postulados estrictamente por la vía de los partidos políticos, es posible observar reglas y procedimientos que se aplican por igual, sin distinción o privilegio. Debido a la naturaleza distintiva entre candidatos postulados por partidos y candidatos independientes a ellos, se establecen también reglas y procedimientos diferenciados, que siguen el principio de equidad por cuanto a que los actores no poseen iguales atributos y recursos, pero con una finalidad y oportunidades comunes que se condensan en una contienda equilibrada con expectativas de aceptación por todos los actores. Al respecto, ACE Project (en línea: http://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfb/lfb05/lfb05b/lfb05b02) subraya lo siguiente:

 

Un aspecto que debe tenerse en cuenta al establecer la posibilidad de las candidaturas independientes y regular los requisitos para su acceso es el relativo a que, por una parte, deben establecerse mecanismos de participación tales que no violen los principios que rigen los procesos electorales, principalmente el de igualdad, y, por la otra, las barreras a la entrada deben ser tales que no desincentiven la participación, pero al mismo tiempo no permitan la pulverización del voto o que el sistema de partidos se desquebraje.

 

Evidentemente, un sistema electoral democrático no puede apartarse de principios que garanticen una contienda electoral entre actores diferentes en un proceso que distribuye recursos y condiciones para dar equilibrio a las posibilidades de cada cual.

El modelo de legislación federal sobre las candidaturas independientes, en México, constituye un parámetro para los sistemas electorales locales, aunque también cabe mencionar que la instauración de reglas y procedimientos tiene variantes locales en cuanto a la magnitud, la particularidad, la forma y los plazos de presentación de requisitos de elegibilidad, registro, selección de candidaturas, distribución de las opciones a votar en las boletas y aun de acceso al sistema de justicia electoral. Las variantes existentes y posibles no son lo más importante o lo que debe preocupar a la hora del establecimiento de una regulación sobre candidaturas independientes. Los principios que deben regir un sistema democrático son la parte más importante en el diseño y la operación de cualquier regulación, porque de ello depende que se eviten discriminaciones y una contienda desproporcionada entre unos y otros candidatos, además de la frecuencia de conflictos electorales y poselectorales. La precariedad de las condiciones de una contienda electoral generalmente es producida por un déficit de principios aplicables y por la falta de sensibilidad democrática de los legisladores.

Al parecer, la experiencia legislativa federal de 1911-1946, así como los casos de postulación de candidatos no registrados durante largo tiempo (desde 1946) y de candidatos independientes en un breve periodo en Sonora (2005) y Yucatán (2006), así como la convicción generada por la iniciativa presidencial de 2009 para incorporar las candidaturas independientes como un ingrediente de calidad de la democracia y el propio entorno mundial en el que el derecho a ser postulado por vías distintas a la de los partidos políticos ha sido altamente valorado en el marco de una maximización de la protección de los derechos humanos, constituyen un soporte vigoroso a la nueva legislación federal electoral mexicana. No obstante, diversos actores políticos expresan cierto temor de que las candidaturas independientes puedan ser infiltradas por intereses ilegítimos y dinero sucio.

Por lo menos en lo que corresponde al diseño de la regulación federal electoral en materia de candidaturas independientes, se puede observar un trabajo legislativo cuidadoso a fin de no lesionar derechos de los ciudadanos que tengan la pretensión de acceder a los cargos de elección popular por vías no partidistas, y se puede subrayar que quienes pretenden convertirse en candidatos independientes tienen la oportunidad de realizar actos propios de una precampaña electoral que les ayudará a crear un posible emparejamiento en las preferencias electorales finales.

 

Cuadro Anexo A-VI. 24 entidades federativas que cuentan con regulación de las candidaturas independientes (CI)

(Búsqueda y consulta directa al 20 de agosto de 2014)

 

Entidad Federativa

Regula las CI

(Sí) (No)

Fecha de aprobación o publicación de la ley o del código electoral consultado

Incluye un libro, título o capítulo sobre CI en su ley o código electoral (Sí) (No)

 

Aguascalientes

PO – 23-09-2013

Baja California

No

PO – 15-02-2013

No

Baja California Sur

Aprobado 28-06-2014

Campeche

Aprobado 28-06-2014

Coahuila de Zaragoza *

PO – 04-12-2012

No

Colima

PO – 28-06-2014

Chiapas

PO – 30-06-2014

Chihuahua

No

PO – 28-05-2014

No

Distrito Federal

GO – 30-06-2014

Durango

PO – 03-07-2014

Guanajuato

PO – 27-06-2014

Guerrero

PO – 30-06-2014

Hidalgo

No

PO – 30-06-2014

No

Jalisco

PO – 08-07-2014

México

PO – 28-06-2014

Michoacán de Ocampo

PO – 29-06-2014

Morelos

PO – 30-06-2014

Nayarit

PO – 05-10-2013

No

Nuevo León

PO – 11-08-2014

Oaxaca

No

PO – 17-08-2012

No

Puebla **

PO – 31-03-2014

No

Querétaro Arteaga

PO – 29-06-2014

Quintana Roo

PO – 07-12-2012

San Luis Potosí

PO – 30-06-2014

Sinaloa

No

PO – 05-10-2012

No

Sonora

BO – 30-06-2014

Tabasco

Aprobado 02-07-2014

Tamaulipas

No

PO – 24-09-2013

No

Tlaxcala

No

PO – 02-10-2012

No

Veracruz de Ignacio de la Llave 

No

GO – 30-07-2012

No

Yucatán

DO – 28-06-2014

Zacatecas **

PO – 06-10-2012

 

Fuente: Elaboración propia con base en las leyes electorales de las entidades federativas de la República mexicana al 25 de agosto de 2014.

Notas:

* El segundo artículo transitorio del decreto número 263 disponía que “las disposiciones relativas a las candidaturas independientes a que se refiere el Código contenido en el presente Decreto, sólo serán aplicables a partir del año 2017, en caso de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo permita y se reglamente el acceso a tiempos de radio y televisión para dichas candidaturas”, pero fue declarado inválido por sentencia de la SCJN recaída a la Acción de inconstitucionalidad número 14/2010 y sus acumuladas 15/2010, 16/2010 y 17/2010 (véase DOF de 24 de diciembre de 2010: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172426&fecha=24/12/2010).

** Entidades federativas con una regulación laxa, bofa, light o muy general.

 

 

Fuentes consultadas

 

Libros y revistas

 

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Sentencias y Jurisprudencia

 

Acción de Inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 29/2006 y 30/2006, Diario Oficial de la Federación de 28 de mayo de 2007,  caso Yucatán, candidaturas independientes.

Acción de Inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008 y 63/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, Diario Oficial de la Federación de 3 de octubre de 2008,  caso COFIPE, principalmente candidaturas independientes.

Acción de Inconstitucionalidad 28/2006 y sus acumuladas 29/2006 y 30/2006. Promoventes: Partido Político Estatal “Alianza por Yucatán”, Partido de la Revolución Democrática y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Ministro Ponente: Juan N. Silva Meza. Sentido de la Sentencia (Punto Resolutivo Quinto): “Se reconoce la validez del artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, contenido en el Decreto 677; de los artículos 33, 40, 120, 146, 155, 296 y 322, y del Capítulo V (Artículos 28, 29, 30 y 31) denominado “De las Candidaturas Independientes”, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán”. Fecha de la Sentencia: 5 de octubre de 2006.

Acción de Inconstitucionalidad 57/2012 y sus acumuladas 58/2006, 59/2012 y 60/2012. Promoventes: Procuraduría General de la República, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática. Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Sentido de la Sentencia (Punto Resolutivo Segundo): “Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas” (relativos a las candidaturas independientes). Fecha de la Sentencia: 10 de diciembre de 2012.

Acción de Inconstitucionalidad 67/2012 y sus acumuladas 68/2006 y 69/2012. Promoventes: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo. Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Sentido de la Sentencia (Punto Resolutivo Cuarto): “Se reconoce la validez de los artículos 32, 87, fracción II, 116, 118 al 123, 124, fracciones VI y VII; 125 al 133, 135 al 138, 140, 143, fracción IV; 160, 254, fracción III, 272, 276, 295, inciso e) y 319, de la Ley Electoral, así como del diverso 51, fracción IX, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo” (relativos a las candidaturas independientes). Fecha de la Sentencia: 10 de diciembre de 2012.

Amparo en Revisión número 743/2005 (Quejoso: Jorge Castañeda Gutman; Ponente: Ministro Sergio A. Valls Hernández), Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho de agosto de dos mil cinco y dieciséis de agosto de dos mil cinco.

CIDH (2008), Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaída al caso “Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)”, de fecha 6 de agosto de 2008, 69 pp. Liga de acceso: https://www.cjf.gob.mx/Reformas/articulosInteres/Caso%20Jorge%20Casta%C3%B1eda.pdf

SUP-JDC-037/2001 (Actor: Manuel Guillén Monzón; Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán; Autoridad Jurisdiccional: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

 

SUP-JDC-332/2004 (Actor: León Ignacio Ruiz Ponce; Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; Autoridad Jurisdiccional: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

 

Constituciones y Leyes

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con reformas de acuerdo con el Decreto publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Código Electoral para el Estado de Sonora, con reformas de acuerdo con el Decreto publicado el 28 de junio de 2005 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 381 artículos. Capítulo VI “De las candidaturas independientes”, artículos 192 a 195. Documento en línea: http://www.eleccionesenmexico.org.mx/pdf/codigo_electoral_sonora.pdf

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Nueva Ley conforme al Decreto publicado el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, México, 493 artículos. Libro Séptimo “De las candidaturas independientes”, artículos 357 a 439.

Ley General de Partidos Políticos, Nueva Ley conforme al Decreto publicado el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, México, 97 artículos.

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, con reformas de acuerdo con el Decreto publicado el 24 de mayo de 2006 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 341 artículos. Capítulo V “De las candidaturas independientes”, artículos 28, 29, 30 y 31.

Ley Electoral del Estado de Zacatecas, Nueva Ley conforme al Decreto 426 publicado el 6 de octubre de 2012 en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, 299 artículos. Capítulo Cuarto “De las candidaturas independientes”, artículos 17, 18 y 19.

Ley Electoral de Quintana Roo, con reformas de acuerdo con el Decreto publicado el 7 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 321 artículos. Título Sexto “De las candidaturas independientes”, artículos 116 a 147.

 

 

 

 

 

[1] Politólogo y Maestro en Derecho Electoral, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (México City) / e-mail: mgmundouno@yahoo.com.mx, blog: mgmundoposible.blogspot.mx

 

[2] “Acciones de inconstitucionalidad números 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, promovidas por los Partidos Políticos Nacionales Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata Campesina, y Verde Ecologista de México, respectivamente, en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, demandando la invalidez del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho”, según sentencia recaída al medio de control constitucional referido.

[3] El proceso legislativo completo relativo a la constitucionalización de las candidaturas independientes está documentado en el siguiente sitio: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/121_DOF_27dic13.pdf

[4] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.

[5] Resolución 53/144 aprobada el 8 de marzo de 1999 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

[6] Durante la colonia y hasta 1857, la figura jurídica de partido fue parte de un diseño institucional y constitucional en México. La Constitución de Cádiz, aplicable a los territorios de las Españas, incluyendo la Nueva España, conservó la figura de partido como demarcación territorial para delimitar la pertenencia de electores dentro de parroquias y Provincias. Las logias masónicas del siglo XIX fueron las que en realidad influyeron en el país para promover candidatos a cargos de elección popular. Ese sistema centralista de organización político-territorial de reminiscencia colonial desapareció con la Constitución Política y la Ley Orgánica Electoral de 1857, por lo que se dio paso a nuevas figuras jurídico-políticas. Al respecto, véase Hira de Gortari Rabiela, “Nueva España y México: intendencias, modelos constitucionales y categorías territoriales, 1786-1835”, en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, ISSN: 1138-9788, Vol. X, núm. 218 (72), 1 de agosto de 2006, consultado el 18 de febrero de 2010 en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-72.htm

[7] Sobre el origen de los partidos políticos en México, en el siglo XIX y parte del XX, véase Vicente Fuentes Díaz, “Los partidos políticos en el siglo XIX”, en Patricia Galeana (Comp.), El camino de la democracia en México, Archivo General de la Nación / IIJ-UNAM, México, 1998, pp. 189-1997.

[8] La palabra “secreto” aparece aquí entrecomillada, puesto que se señala la excepción de aquellos ciudadanos que no sabían leer y escribir y, por tanto, podían manifestar en voz alta el nombre del candidato de su preferencia.

[9] Esos datos pueden ser consultados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: Comentado, editado por la Secretaría de Gobernación, México, 1991. Véase también un catálogo de leyes electorales de México, del periodo de 1812 a 1996, formulado por Fernando Ojesto Porcayo con base en una publicación suya anterior: “Las sanciones en el derecho electoral mexicano”, en la Revista del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, México, 1989, pp. 39-41.

[10] La figura de candidatos no registrados –introducida en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales de 1977– es una reminiscencia sutil de la de candidatos independientes, y subsiste con la característica siguiente: no hay opción de registro de candidatos no postulados por partidos, pero ellos pueden ser votados al ser inscrito su nombre por el elector en un espacio ad hoc en la boleta electoral. Subsiste también en algunas legislaciones locales.

[11] Tlaxcala mantuvo casi tal cual el espíritu de 1918, pues reguló las candidaturas ciudadanas para el cargo de Agente Municipal, postuladas por al menos 50 ciudadanos. Dicha figura de representación y gestión auxiliar, prevista en la Constitución Política local, fue sustituida en 1995 por la de Presidente Municipal Auxiliar y, desde 2002, por la de Presidente de Comunidad. No obstante, sin estar obligado por la reforma electoral de 2007, el legislador local decidió en 2008 también suprimir la figura de candidaturas ciudadanas para dicho cargo.

[12] De modo similar a Nicolás Zúñiga y Miranda, José Vasconcelos Calderón se autoproclamó “única autoridad legítima” cuando denunció el “fraude electoral” que, según él, había favorecido el triunfo del candidato presidencial Pascual Ortiz Rubio, en la elección presidencial extraordinaria de 1929. 


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Miguel González Madrid

Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.Politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Distinguido con la Mención el Mejor Estudiante de Ciencia Política por el CONACYT y la Dirección General de Profesiones en 1981. Ha impartido cursos en la Licenciatura en Ciencia Política, de la Universidad Autónoma Metropolitana, desde 1984 entre los que destacan: teorías contemporáneas del Estado, políticas públicas, federalismo y gobiernos locales, teorías de la democracia, cultura y opinión pública y poderes públicos federales en México. Fue Consejero Electoral propietario del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, durante el periodo del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2006. Actualmente es Jefe del Área de Procesos Políticos del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

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