Capítulo X Gobierno de coalición y ratificación del gabinete presidencial. Libro: El Nuevo Sistema Político Electoral Mexicano 2015.

El Nuevo Sistema Político Electoral Mexicano en 2015.

Capítulo X

Gobierno de coalición y ratificación del gabinete presidencial. 

 

Alberto Escamilla Cadena[1]

 

 

Introducción

 

Como parte de la reforma político electoral procesada en México en el año 2014, un aspecto modificado fue la posibilidad de que el presidente de la República pueda formalizar un gobierno de coalición. Esto implica la introducción de tres nuevos mecanismos en el régimen político: a) la construcción de una coalición parlamentaria, b) la repartición de carteras de gobierno por parte del Ejecutivo hacia los partidos de oposición y c) la aprobación del gabinete por parte del Congreso. Si el próximo mandatario decide utilizar estos mecanismos, se podrían modificar algunos procedimientos que se han mantenido inalterados durante décadas en el presidencialismo mexicano, como son sus facultades exclusivas de nombramiento y, también, se podría poner fin al gobierno compuesto por un solo partido. Si el Ejecutivo opta por el gobierno de coalición ¿qué cambiaría en el presidencialismo mexicano? Si bien esta reforma no es de carácter estrictamente electoral, sus alcances tienen que ver, en cambio, con el régimen político, pues introduce innovaciones en las modalidades del proceso de gobierno. En la primera parte de este trabajo, se exponen algunos desarrollos teóricos vinculados con el presidencialismo y las coaliciones; en la segunda parte se aborda la reforma político electoral de 2014, centrándose en el gobierno de coalición; mientras que el último apartado analiza la apertura en el gabinete y la ratificación de sus titulares.    

 

Presidencialismo y gobiernos de coalición

 

El tema del presidencialismo y las coaliciones parlamentarias ha sido ampliamente desarrollado en los últimos años como consecuencia del establecimiento de formatos de gobierno sin mayoría y la ampliación del número de jugadores con capacidad de veto. Si se considera que la gobernabilidad democrática depende, en buena medida, de un acuerdo entre los principales actores políticos, las coaliciones y los pactos que llevan a cabo los partidos y el gobierno son igualmente un objeto de estudio muy relevante.

Por principio, los sistemas presidenciales han sido clasificados de acuerdo con sus diferentes características y contextos socio-históricos. Se han elaborado variadas tipologías con el objeto de precisar sus diferencias. Dieter Nohlen ha propuesto los siguientes tipos: a) el hiperpresidencialismo, b) el presidencialismo reforzado, c) el presidencialismo puro (o equilibrado), d) el presidencialismo atenuado y e) el presidencialismo parlamentarizado (Nohlen, 1998: 24). En esta clasificación el aspecto que permite matizar las distintas variantes es el nivel de concentración de poder que hay en el Ejecutivo oscilando de un máximo a un mínimo. En cuanto a la relación entre el presidente y el congreso, Nohlen también distingue entre mandatarios con facultades constitucionales fuertes, sistemas con facultades equilibradas entre ambos órganos de poder (checks and balances) y facultades presidenciales atenuadas. 

En esta misma línea, los modelos de democracia mayoritaria y democracia consensual propuestos por Arend Lijphart tienen también como uno de sus referentes la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo; en el caso del primer modelo, el presidente está respaldado por una mayoría de su partido en el órgano legislativo y puede sacar adelante sus propuestas legislativas; mientras que en el segundo ambos poderes tienen un mayor grado de independencia, por lo que su relación es mucho más equilibrada (Liphart, 2000: 23 y 47). Jorge Lanzaro ha propuesto las categorías de presidencialismo de mayoría y presidencialismo pluralista, en donde la principal distinción es: “en los sistemas afincados en la regla de mayoría, el que gana gobierna; mientras que en los sistemas afincados en reglas pluralistas, el que gana comparte su triunfo y está obligado a negociar los productos de gobierno” (Lanzaro, 2001: 22). Estas distinciones también tienen como componente central el grado de concentración de poder que puede tener un presidente frente al Poder Legislativo. El cuadro 1-X muestra las características de los diferentes tipos de presidencialismo de acuerdo a Dieter Nohlen.

Dado que los presidencialismos latinoamericanos han enfrentado una serie de retos y dificultades durante los periodos de consolidación democrática, ha aparecido una corriente de estudios que plantea algunos mecanismos de orden constitucional e institucional para renovar las funciones y las prerrogativas de los presidentes. Derivado de estas propuestas, diversos autores sugieren conceptos como adecuación funcional del presidencialismo (Nohlen), racionalización del poder presidencial (Valadés), parlamentarización del presidencialismo (Carpizo) o presidencialismo intermitente (Sartori). 

 

Cuadro 1-X. Tipos de presidencialismo

Tipos de presidencialismo

Ejercicio de poder

Hiperpresidencialismo

o dominante

- Concentración de poder en el Ejecutivo.

- Supresión de los controles horizontales.

- Ejercicio del poder con altos ingredientes personalistas y plebiscitarios al borde de un sistema constitucional-democrático.

- Estilo de decisión jerárquico decisional.

Reforzado o racionalizado

- Fuerte Poder Ejecutivo en cuanto a competencias, resultante de reformas constitucionales.

- Racionalización del proceso político en función de agilizar políticas de desarrollo.

- Estilo de decisión mayoritaria.

Puro o equilibrado

- Modelo estadounidense, poderes equilibrados entre Ejecutivo y Legislativo.

- Funcionamiento muy dependiente del sistema de partidos.

- Estilo de decisión mayoritaria.

Atenuado

- Poderes constitucionalmente equilibrados entre Ejecutivo y Legislativo.

- El proceso político está determinado por factores como el tipo de sistema de partidos.

- Estilo de decisión mayoritaria.

Parlamentarizado

- No tanto determinado por elementos constitucionales de origen parlamentarista (por ejemplo figura de un primer ministro, voto de censura, capacidad de disolver el Parlamento), sino por la práctica política (por ejemplo, gobiernos de coalición).

- Estilo de decisión negocial y de compromiso.

 

Fuente: Nohlen, 2012a: 144.

 

Diego Valadés apunta que la racionalización del poder presidencial implica orientarlo en dirección parlamentaria aunque sin desprenderse de la forma de gobierno original. De acuerdo a este autor, ello “no implica debilitar el poder del ejecutivo sino fortalecerlo en el sentido de que pueda contar con el apoyo del congreso. Significa la incorporación de instituciones de origen parlamentario, adoptando instituciones de este sistema pero preservando la estructura básica del sistema receptor, es decir, subsiste la matriz presidencial, pero se le agregan algunos mecanismos de control político de oriundez parlamentaria” (Valadés, 2007). Las diferentes propuestas de renovación sugieren la necesidad de límites a los poderes constitucionales del Ejecutivo, vigilancia y control hacia sus acciones y desconcentración de facultades hacia otros órganos.

Uno de los aspectos ampliamente tratado en el estudio de los sistemas presidencialistas es el fenómeno del gobierno sin mayoría. Para algunos, este formato tendría que evitarse con el fin de disminuir la posibilidad de una parálisis en el proceso legislativo; para otros, permite la emergencia de un contrapeso que resulta necesario hacia las acciones del ejecutivo. Dado que la gobernabilidad exige mayorías calificadas para aprobar reformas, un presidente que no cuenta con este apoyo queda supeditado a la formación de coaliciones parlamentarias para evitar la inacción de gobierno. Sobre este punto cabe distinguir entre una coalición electoral, una coalición parlamentaria y un gobierno de coalición. La primera es una fusión entre dos o más partidos para competir en una elección bajo una candidatura común. La segunda se refiere a las alianzas que llevan a cabo las fracciones parlamentarias en el congreso para alcanzar la mayoría requerida para sancionar leyes. El tercero implica que el titular del Ejecutivo deberá repartir carteras de gobierno a miembros de la oposición, formando un gabinete compuesto por más de un partido. Por lo general, los gabinetes se componen por militantes del partido que ocupa la presidencia; sin embargo, cuando se abren espacios a otras fuerzas políticas en la burocracia gubernamental se conforman gabinetes bipartidistas o multipartidistas (Liphart, 2000). Esto implica que las elecciones presidenciales ya no se constituyen necesariamente en un juego de suma cero en donde el ganador se lo lleva todo, sino más bien, el que gana comparte su triunfo.  

En el caso de la coalición parlamentaria, en situaciones de gobierno dividido resulta necesaria la cooperación del Poder Legislativo, sin este apoyo un gobierno podría quedarse en condición de minoría y sin la posibilidad de despejar su agenda. En cambio, cuando estas alianzas se producen al interior del congreso, se pueden distinguir dos tipos de coalición parlamentaria. Una, es la coalición mínima ganadora, que implica una alianza entre dos partidos con el fin de alcanzar el número necesario de votos requeridos para aprobar leyes y reformas. La segunda es la coalición sobredimensionada, conformada por un número de partidos mucho más amplio, en donde la aprobación de una legislación tiene lugar a partir del apoyo de la mayoría de fuerzas políticas (Rikker, 2001: 151169). Los sistemas presidenciales con gobierno dividido y con relaciones de poder equilibradas entre Ejecutivo y Legislativo dependen en buena medida de las coaliciones parlamentarias para poder gobernar. En algunos países estas alianzas son excepcionales, no se producen con frecuencia, mientras que en otros, son una práctica común. No obstante, los pactos entre la clase política suelen durar poco, difícilmente se mantienen a lo largo de todo un mandato. Sean o no recurrentes, las coaliciones no suelen perdurar por mucho tiempo.   

 

La reforma política de 2014  

 

México es un caso donde se ha establecido de manera permanente, desde 1997, un gobierno sin mayoría. Con el regreso del PRI a la presidencia de la República en 2012, este formato se ha replicado: el presidente Enrique Peña Nieto no cuenta con un Congreso controlado por su partido, el Revolucionario Institucional. Ante esta situación, el mandatario formalizó el Pacto por México, esto es, una coalición parlamentaria (formada por el PRI, el PAN, el PRD y algunos partidos menores) destinada a negociar una agenda de temas, en donde fueron acordados los contenidos y los tiempos para debatir y aprobar una serie de reformas constitucionales. Durante su primer año de gobierno, se concretaron ocho modificaciones con el apoyo de las dirigencias de los partidos de oposición. 

En un inicio, el Pacto por México se constituyó en una amplia coalición que incluyó a la mayoría de los partidos políticos, esta fusión produjo la aprobación de reformas en materia de educación, telecomunicaciones, transparencia, una financiera y una que regula el endeudamiento de las entidades federativas. Posteriormente, el pacto pasó a ser una coalición mínima ganadora con la aprobación de las reformas fiscal (votada a favor únicamente por el PRI y el PRD), la política y la energética (votada a favor únicamente por el PRI y el PAN).  

Una consecuencia del Pacto por México fue que la oposición partidista logró introducir algunos de sus temas prioritarios en la agenda de gobierno y también pudo modificar varios de los contenidos de las iniciativas presentadas en un principio por el presidente Enrique Peña Nieto. De igual forma, condicionaron su permanencia en dicho pacto al exigir cambios en áreas en las que el PRI se había negado sistemáticamente a modificar. Desde que se instauró el gobierno dividido en México, la tendencia que se presentaba con frecuencia era que los legisladores de la oposición tenían pocos incentivos para cooperar y apoyar las iniciativas del presidente. Sin embargo, en la primera parte del actual sexenio prevaleció el apoyo entre partidos.

En este contexto, se procesó una reforma político electoral en donde nuevamente se modificaron aspectos importantes como la aprobación de candidaturas independientes, se equipararon las cuotas de género, se elevó el porcentaje mínimo que deben alcanzar los partidos para mantener su registro, el Instituto Federal Electoral se transformó en Instituto Nacional Electoral con la facultad para atraer elecciones locales, se otorgaron mayores instrumentos de fiscalización a este órgano y se estableció la posibilidad de formalizar gobiernos de coalición. Estas modificaciones fueron propuestas por las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD en el Senado. Al establecerse la posibilidad de que el Ejecutivo pueda formalizar un gobierno de coalición, se introdujeron mecanismos constitucionales novedosos en el régimen político mexicano. A continuación se presenta un extracto de la iniciativa de reforma al artículo 89 constitucional:  

La experiencia de la pasada elección federal muestra claramente que la democracia mexicana demanda una nueva generación de reformas. Para ello, es urgente redefinir los órganos del Estado y las relaciones de cooperación y control entre ellos, evitando la parálisis legislativa causada por el gobierno dividido. Uno de los argumentos que más se han presentado con los sistemas presidenciales es que un gobierno dividido fomenta el estancamiento y la parálisis en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. En México hemos vivido gobiernos divididos desde 1997, por lo que es necesario conformar gobiernos de coalición que permitan lograr acuerdos que aseguren la posibilidad de que se pueda aprobar una agenda legislativa común a varios partidos. 

La iniciativa busca transitar hacia un sistema presidencialista renovado que permita la construcción de un sistema estable de alianzas. La cuestión principal a resolver es la integración de una mayoría gobernante que permita tanto al Legislativo como al Ejecutivo cooperar en el ámbito de sus responsabilidades. Existen en diversos sistemas presidenciales elementos parlamentarios que permiten al Ejecutivo fortalecer la creación de consensos, tal es el caso del Jefe de Gabinete en Argentina, la moción de censura en Uruguay o la ratificación del gabinete presidencial en los Estados Unidos de América. 

En virtud de lo anterior, se propone facultar al presidente de la República para optar por un gobierno de coalición en caso de no contar con mayoría congresional, por lo que deberá acordar el programa de gobierno y la agenda legislativa con las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Así mismo, someterá a la Cámara de Senadores, para que sea este órgano legislativo, quien por mayoría simple, ratifique a cada uno de los secretarios de despacho, a excepción de Hacienda y Crédito Público, quien será ratificado por la Cámara de Diputados. Independientemente de que el gobierno opte o no por el modelo de coalición, se propone también que el Senado de la República ratifique el nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores.[2]

La reforma fue aprobada por el PRI y el PAN, mientras que el voto del PRD estuvo dividido. Esta modificación le confiere al Ejecutivo una nueva prerrogativa, pues podrá hacer uso de un mecanismo hasta ahora inédito como lo es el gobierno de coalición, esto con el fin de obtener la cooperación del Poder Legislativo. De igual manera, este cambio podría representar el paso hacia un presidencialismo con matices parlamentarios, una vez que el Congreso podrá intervenir en los nombramientos del gabinete. La reforma introduce tres nuevos elementos en el régimen político:

 

1.- Otorga un sustento legal a la formación de coaliciones parlamentarias por parte de los partidos políticos representados en el Congreso.

2.- El Ejecutivo deberá compartir carteras de gobierno con algunos miembros de la oposición partidista.

3.- El Poder Legislativo ratificará a los titulares del gabinete  propuestos por el presidente de la República. 

 

En caso de que el titular del Ejecutivo llegara a optar por el gobierno de coalición, propiciaría un presidencialismo distinto en México, dado que introduciría componentes parlamentarios hasta ahora inéditos en el régimen político. De acuerdo con lo que desde hace algunos años plantearon autores como Jorge Carpizo, Diego Valadés, María Amparo Casar o Alonso Lujambio, esta sería la orientación que inevitablemente tomaría el presidencialismo mexicano. Una vez que aparecieron los contrapesos a su poder, emergieron nuevos actores con capacidad de veto y se restringieron sus facultades constitucionales y metaconstitucionales. Parecía inevitable su parlamentarización.

 

Coaliciones parlamentarias y ratificación del gabinete

 

De acuerdo con la reforma político electoral 2013-2014, para el sexenio 2018-2024 el presidente de la República tendrá la posibilidad de conformar un gobierno de coalición. Esto significa que su partido podrá llevar a cabo una alianza parlamentaria con al menos otro partido de oposición para alcanzar la mayoría requerida y reformar la constitución. Las coaliciones legislativas son una práctica que se ha venido desarrollando en México desde hace más de dos décadas,[3] con la reforma de 2014 se ha otorgado un sustento legal a esta práctica. Esta medida busca otorgar al presidente un instrumento para obtener la cooperación del legislativo a través de alianzas entre partidos políticos con el fin de tener condiciones mínimas para la gobernabilidad democrática. En caso de que el presidente optara por este instrumento, se reforzaría la tendencia hacia el modelo de presidencialismo pluralista y de coalición para el caso mexicano, pues la construcción de una mayoría congresional tendría lugar a partir de alianzas partidistas. 

Si bien esta reforma le otorga un instrumento al Ejecutivo para formar mayorías congresionales entre varios partidos políticos para garantizar el desahogo del proceso legislativo y poder despejar la agenda de gobierno, existe también el riesgo de que el partido que ocupe la presidencia se coaligue con un partido menor y entre ambos alcancen la mayoría requerida (por ejemplo PRI y PVEM), lo que dejaría fuera del acuerdo a otras fuerzas políticas. Con ello, el presidente podría requerir del apoyo de un solo partido formando una coalición mínima ganadora, lo que terminaría por excluir al resto de fuerzas políticas representadas en el Congreso. Esto podría tergiversar la intención original de la reforma, es uno de los posibles escenarios que podría presentarse, lo que desvirtuaría el espíritu que motivó la coalición de gobierno, esto es, compartir los espacios de poder con la mayoría de los partidos políticos. El tamaño de la coalición estará en función del número de partidos que la integren. 

Otra de las implicaciones que tiene el gobierno de coalición, es que el presidente de la República deberá repartir carteras de gobierno con algunos miembros de los partidos de oposición formando así un gabinete bipartidista o multipartidista. De esta manera, el Ejecutivo junto con su partido y, al menos otra fuerza política, tendrán que definir, de manera conjunta, un programa de gobierno y una agenda legislativa común. Por lo general, el presidente suele designar secretarios de Estado y funcionarios de la administración pública federal que pertenecen a su partido político, aunque en los mandatos más recientes, se ha incluido a algún miembro de la oposición en carteras como la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En México no es común que el gabinete se abra a más de dos partidos; sin embargo, la reforma al artículo 89 sustenta esta posibilidad. Si este nuevo mecanismo entra en vigor, se pondría fin al gobierno encabezado por un solo partido, esto es, el gabinete presidencial dejaría de estar compuesto exclusivamente por militantes del partido del presidente. Esto obliga a que el partido político que gane la presidencia comparta su triunfo, pues abre espacios de gobierno a la oposición. Con ello, el presidencialismo mexicano podría dejar de constituirse en un solo ganador donde la oposición partidista queda excluida, con este nuevo mecanismo el gobierno tendría un carácter más incluyente. 

Un cambio igualmente relevante es que si el próximo presidente de la República opta por el gobierno de coalición, los titulares del gabinete deberán ser ratificados por el Congreso, esto significa que el Ejecutivo perdería la facultad exclusiva en estos nombramientos, situación que sería inédita para el presidencialismo mexicano. Por principio, se estableció la facultad que tendrá el Senado para ratificar al secretario de Relaciones Exteriores y al fiscal general de la República (quien sustituirá al procurador general); mientras que la Cámara de Diputados lo hará con el secretario de Hacienda. No obstante, en caso que el presidente optara por un gobierno de coalición, el conjunto de los nombramientos de los secretarios de Estado deberán ser ratificados por la cámara baja, con excepción de los titulares de las Secretarías de Defensa y Marina, quienes serán nombrados de manera exclusiva por el presidente de la República. La intervención que podrían tener ambas cámaras en los nombramientos del gabinete, introduciría nuevos matices parlamentarios al presidencialismo mexicano.  

El siguiente cuadro muestra la forma en que se designa a los titulares del gabinete en los países latinoamericanos, como puede verse, el caso mexicano sería el primero en introducir la ratificación del Poder Legislativo para los nombramientos de los secretarios de Estado. En la mayoría de los casos, esta facultad -casi exclusiva del poder Ejecutivo- se ha mantenido casi inalterada.    

 

Cuadro 2-X. Gabinete presidencial. Designación en América Latina

País

Designación

Argentina

Designación y remoción libres por el presidente.

Bolivia

Designación y remoción libres por el presidente.

Brasil

Designación y remoción libres por el presidente

Chile

Designación y remoción libres por el presidente.

Colombia

Designación y remoción libres por el presidente.

Costa Rica

Designación y remoción libres por el presidente.

Ecuador

Designación y remoción libres por el presidente.

El Salvador

Designación y remoción libres por el presidente.

Guatemala

Designación y remoción libres por el presidente.

Honduras

Designación y remoción libres por el presidente.

México

Designación y remoción libres por el presidente.

Nicaragua

Designación y remoción libres por el presidente.

Panamá

Designación y remoción libres por el presidente.

Paraguay

Designación y remoción libres por el presidente.

Perú

Designación y remoción libres por el presidente del Consejo de Ministros, por el Presidente de la República; los demás ministros son nombrados y removidos a propuesta del Presidente del Consejo.

República Dominicana

Designación y remoción libres por el presidente.

 

Uruguay

Designación del presidente, con apoyo parlamentario; remoción libre por parte del presidente.

Venezuela

Designación y remoción libres por el presidente.

 

Fuente: Valadés, 2005: 141-142.

 

De esta forma, el gobierno de coalición no se limitaría únicamente a formalizar acuerdos entre el presidente y algunos partidos políticos para formar mayorías y promulgar leyes; incluye también la posibilidad de repartir carteras de gobierno con la oposición y la ratificación de la mayoría de los secretarios de Estado. Esto significa que el próximo presidente de la República podría compartir espacios de poder y productos de gobierno y delimitaría una agenda de gobierno con los partidos de oposición. 

El dictamen final del artículo 89 aprobado por el Senado quedó de la siguiente forma: en la fracción XVII se establece que el presidente de la República “En cualquier momento podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.” A su vez, la fracción IX faculta a la Cámara de Senadores para “Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo en términos de lo dispuesto en el artículo 102 Apartado A de esta Constitución.” Mientras que la fracción II asienta que “En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República.”[4] Este nuevo marco normativo es el que entraría en vigor en caso de que se formalizara un gobierno de coalición

 

Conclusiones

 

La reforma al artículo 89, aprobada en 2014, abre tres posibilidades para el presidente de la República: una, es que podrá encabezar un gobierno con mayoría absoluta si su partido obtiene los escaños necesarios en el Congreso; la segunda posibilidad es encabezar un gobierno en condición de minoría; mientras que la tercera es formar un gobierno de coalición a partir de una mayoría construida por dos o más partidos. Si opta por la última, no sólo contaría con el apoyo del Congreso para aprobar leyes o modificar la constitución, sino que además deberá compartir los productos de gobierno con otros partidos. En cuanto a la ratificación del gabinete por parte del Poder Legislativo, se faculta a este órgano para intervenir en nombramientos de los secretarios de Estado. La reforma introduce flexibilidad al proceso de gobierno una vez que el Ejecutivo puede elegir el instrumento de la coalición para obtener la cooperación del Legislativo. Se trata de dos mecanismos que estaban ausentes en el diseño institucional y constitucional del presidencialismo mexicano y que pueden fomentar su adecuación funcional. 

El Pacto por México construido por las principales fuerzas políticas durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto consistió en delimitar una serie de temas para formar una agenda de gobierno común y, también, para acordar los tiempos de discusión y la aprobación de reformas. En cierta medida, el pacto ha representado un esbozo de un gobierno de coalición, aunque centrado únicamente en la construcción de una coalición parlamentaria. Aún falta que operen mecanismos como la ratificación y la apertura del gabinete; con ello, el presidencialismo mexicano habrá adquirido matices parlamentarios inéditos.  

La posibilidad de formar gobiernos de coalición implica por tanto que habrá un instrumento más para reforzar los mecanismos de control político que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo, una vez que el primero podrá intervenir en la ratificación del gabinete. Al mismo tiempo, se le otorga al mandatario un instrumento para obtener el apoyo del Legislativo vía coaliciones parlamentarias. Y por último, significa también que el gobierno y la administración pública ya no serán ocupados por funcionarios de un solo partido político.

 

Fuentes consultadas

 

Libros y Revistas

 

Colomer, Josep y Gabriel Negreto (2003), “Gobernanza con poderes divididos en América Latina”, en Política y Gobierno, vol. X, núm. 1, CIDE, México, pp. 13-61.

Jiménez, Margarita (2006), La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría dividida, Miguel Ángel Porrúa, México, 365 pp.

Lanzaro, Jorge (2001), “Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina” en Jorge Lanzaro (comp.), Tipos de presidencialismo  y coaliciones políticas en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, pp. 15-40.

Lijphart, Arend (2000), Modelos de Democracia, Ariel, Barcelona, 315 pp.  

Linz, Juan (1994), “Democracia presidencial o parlamentaria ¿qué diferencia implica?” en Juan Linz y Arturo Valenzuela (comps.), Las crisis del presidencialismo, tomo 1, Perspectivas comparadas, Ariel, Madrid, pp. 25-143.

Nohlen, Dieter (1998),”Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”, en Dieter Nohlen y Mario Fernández (eds.), El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina, Nueva Sociedad, Venezuela, pp. 15-25.

Nohlen, Dieter (2012a), ¿Cómo estudiar Ciencia Política? Una introducción de trece lecciones, Marcial Pons, Madrid, 310 pp.

Nohlen, Dieter (2012b) “Sistemas electorales y partidos políticos en su contexto” en Revista Mexicana de Estudios Electorales, núm. 11, julio 2011-julio de 2012, SOMEE, México, 221-235 pp.

Sartori, Giovanni (1996), Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, FCE, México, segunda reimpresión, 227 pp.

Valadés, Diego (2007), La parlamentarización de los sistemas presidenciales, IIJ-UNAM, México, 255 pp.

Valadés, Diego (2005), El Gobierno de gabinete, IIJ-UNAM, México, 170 pp.

 

Iniciativas, decretos y leyes

 

Iniciativa de reforma  al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, LXII Legislatura, Senado de la República, 24 de Septiembre de 2013.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. “Artículo Único.- Se reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26; la fracción VII del párrafo vigésimo tercero del artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; la fracción VII y los apartados 4o. y 6o. de la fracción VIII del artículo 35; la base I en sus párrafos inicial y segundo, el tercer párrafo de la base II, la base III en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B en su primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en su primer párrafo y el apartado D, la base IV en su párrafo inicial y la base V del artículo 41; la fracción II del artículo 54; el segundo párrafo de la fracción V del artículo 55; el artículo 59; el primer párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del artículo 69, el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74; la fracción II del artículo 76; la fracción VI del artículo 82; el artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción IX del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 93; la fracción VI del artículo 95; las fracciones VII y VIII del artículo 99; el apartado A del artículo 102; los incisos c) y f) del segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 105; el segundo párrafo de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, el primer y tercer párrafos de la fracción XIII y la fracción XV del artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; el primer párrafo del artículo 111; el encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115; los párrafos segundo y tercero de la fracción II, el primer párrafo y los incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracción IV del artículo 116; el segundo párrafo del artículo 119; la fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del artículo 122; se adicionan un apartado C al artículo 26; un cuarto párrafo a la base I, y un tercer, cuarto y quinto párrafos a la base VI del artículo 41; un tercer párrafo al artículo 69; la fracción XXIX-U al artículo 73; las fracciones III y VII al artículo 74; las fracciones XI y XIII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la fracción XVII al artículo 89; los párrafos tercero y cuarto al artículo 90; la fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 99; un inciso i) al segundo párrafo de la fracción II del artículo 105; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción IV, así como una fracción IX al artículo 116; y se deroga la fracción V del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […]”.

 

 

[1] Doctor en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa. Profesor Investigador de la UAM Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

[2] Iniciativa de reforma al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, LXII Legislatura, Senado de la República, 24 de Septiembre de 2013.

[3] Desde que el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en 1988, las coaliciones parlamentarias han sido necesarias, no sólo para sancionar leyes y reformas, sino también para aprobar el presupuesto.  

[4] Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral; 13 de Mayo de 2014.  


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Alberto Escamilla Cadena

Profesor-Investigador Titular de Tiempo Completo, UAM Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología, Área de Procesos Políticos. En el posgrado participa en la LGAC: Democracia, Globalización y Soberanía. Doctor en Estudios Sociales, Línea Procesos Políticos, por la Universidad Autónoma Metropolitana. 2000. o Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I de enero de 2014 a diciembre de 2016. Actualmente es Coordinador de la Línea de Procesos Políticos en este programa.

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