Los derechos humanos y su protección. Los antecedentes y las reformas de 1992-2011 México entre siglos. Contexto , balance y agenda.

Miguel González Madrid PDF[LINK]

Introducción
A pesar de que en México, desde los años noventa, se ha hablado mucho
de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, se carece todavía
de una cultura en este tema. Además, no existen suficientes acciones
positivas para desalentar la precariedad en que se encuentran millones de
mexicanos –de distinta edad y condición social– en materia de derechos
humanos, incluidos los derechos individuales y los derechos sociales. Una
cosa es la sucesiva incorporación de disposiciones constitucionales para
tutelar esos derechos, así como para vincular el derecho interno con el
derecho internacional, y otra, la eficacia de esas disposiciones tanto para
hacer efectivo un sistema de reparación de daños como para procurar condiciones
idóneas a una serie de derechos individuales y sociales mediante
políticas de Estado orientadas al desarrollo social y político.
No obstante esas limitaciones, México ha logrado avanzar hacia la protección
de los derechos humanos de un modo progresivo y sistemático,
principalmente en cuanto a los de carácter individual, los llamados derechos
de libertad.1 De manera específica, desde 1990, el Ejecutivo federal abrió una vertiente gubernamental para conformar una política mínima de

protección de esos derechos por vía administrativa o no jurisdiccional, la cual
culminó en 1992 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH),2 y esto se concretó como un paso significativo para
configurar un Estado garantista en sintonía con el derecho internacional.
1 Es necesario efectuar algunas precisiones para entender el significado de los llamados
derechos humanos conforme a algunas de las líneas centrales de su debate doctrinal
y teórico. En primer lugar, todas las Constituciones de Estados democráticos establecen
o reconocen un sector de derechos individuales y otro de derechos sociales, los que, a su
vez, se correlacionan en cierto modo con otra distinción relativa a los derechos de libertad

(en sentido negativo como libertad frente al Estado y en sentido positivo como libertad
para participar en el Estado) y los derechos de igualdad. Los derechos de igualdad no deben
entenderse sólo en términos de iguales derechos ante la ley (e iguales oportunidades a los
sujetos de derechos), sino también en términos de una igualdad de derechos que no son
asignados o reconocidos individualmente, sino colectivamente, es decir, por sector social,
gremio, género o por grupos relevantes en la estructura social. Tales derechos sociales
tienen principalmente –pero no únicamente– un carácter socioeconómico (al respecto,
véase De Yturbe, 1998: 19-26; Oliveira, 1993: 124-135; Fontaine, 1986; Saldaña, 2007:
15-24; y Mendiola, 2009). En segundo lugar, prácticamente puede darse como un debate
finiquitado aquél que ocupó a varios juristas durante algunos años y hasta mediados de la
primera década del siglo XXI, en cuanto a la distinción entre derechos fundamentales y
derechos humanos, la cual estaba asentada en formulaciones iuspositivistas e iusnaturalistas,
respectivamente. La batalla parece haberla ganado el iusnaturalismo, pero, ante todo,
porque ha sido avasalladora la concepción de derechos humanos imperante en el derecho
internacional, desde la Carta de San Francisco (aprobada el 26 de junio de 1945, en la
fundación de las Naciones Unidas) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948. En tercer lugar, los derechos sociales (o derechos socioeconómicos y culturales)
son un tipo de derechos ampliamente considerados como fundamentales-y-humanos, incorporados
en las Constituciones de varios países en el siglo XX, siendo México el caso
pionero con su Constitución de 1917, si bien en este caso hay antecedentes de incipientes
derechos sociales plasmados en algunas disposiciones constitucionales del siglo XIX
(véase al respecto: García, 2002: 19-37; De Dienheim, 2010; y Díaz, 1997). En cuarto
lugar, se ha hecho común distinguir entre derechos justiciables (o exigibles por diversas
vías) y no justiciables (que no se pueden exigir más que por vía de la protesta social y de
sucesivas peticiones a los gobernantes), de modo que la defensa de los derechos sociales
no corresponde a la ascendente constitucionalización de los derechos mismos, por lo que
en el texto constitucional aparecen principalmente como derechos programáticos (lo que
deberían hacer los gobiernos en beneficio de la sociedad o de sectores específicos de la
población) o, incluso, como simples derechos de papel, simbólicos, o derechos débiles
e insuficientemente garantizados (véase al respecto: Mendiola, 2009; Carbonell, 2008;
Gutiérrez, 2005; Cossío, 2010; y Pisarello, 2009 y 2010).

2 En términos parecidos lo dice Víctor M. Martínez Bullé-Goyri: “[…] desde la creación
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 1990, el propio
Estado mexicano asumió como tema de ocupación y atención prioritario a los derechos
humanos, como una necesidad tanto para la política interna, ante las crecientes demandas
sociales respecto de la materia, así como en atención al desarrollo de la temática en el ámbito
internacional, en el que cada vez más los derechos humanos asumen nuevos espacios
y protagonismo” (2011: 405).


Así, la creación de la CNDH y las reformas constitucionales de 1994-
95, 1996 y 2011 tanto en materia de medios de control constitucional
para la tutela de diversos derechos fundamentales y humanos, individuales-
personales, incluyendo los derechos político-electorales, como de
recepción normativa del derecho internacional, constituyen acotaciones
obligadas para evaluar grosso modo la trayectoria del Estado de derecho
mexicano durante un periodo de veinte años. Esto tiene lugar en el marco
de un proceso complejo –desigual y combinado– de transición democrática
jurídico-política nacional, de construcción de un sistema eficaz de
justicia legal y constitucional y de contención al creciente perjuicio a los
derechos humanos, ya no sólo por los actos de autoridades diversas del
Estado, sino también por los efectos estructurales en la vida cotidiana de
los gobernados que produce la criminalidad coludida eventualmente con
los servidores públicos.
Nuestro propósito no consiste en mostrar o describir las excesivas y
diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante tantos años
–cuyo abundante registro consta en las quejas presentadas ante los múltiples
organismos gubernamentales y civiles–, ni mucho menos en dar cuenta
de esos organismos que, por lo demás, parecen haber intensificado su
labor protectora. Trataremos de destacar la conformación de un sistema
de justicia constitucional que se enlaza cada vez más con una promoción
universalista de los derechos humanos y con principios e instrumentos
jurídicos que pretenden la expansión de tales derechos en un marco democrático
y constitucional. Por ello, tendremos que revisar a grandes rasgos
esas reformas constitucionales –de 1992 en adelante– que fortalecen al
sistema de justicia constitucional y aproximan a nuestro país a la tendencia
garantista expansiva de los derechos humanos en el mundo, incluidos los
de carácter político-electoral.3 Sin embargo, es pertinente señalar también
algunas limitaciones en esa tendencia.
Antes de abordar el periodo de interés central en este capítulo, resulta
pertinente referir algunos antecedentes de la protección de derechos de las
personas en México. La remisión al derecho indiano sirve de pretexto para
señalar que en el pasado lejano no existieron derechos propiamente dichos,
que se concedieran a “los indios” o a las comunidades “indias”, sino una
serie de privilegios coherentes con el sistema de fueros que se impuso en

3 Por la propia lógica de este capítulo no se entrará en la referencia detallada ni en el
análisis de los derechos político-electorales.

la península hispánica durante varios siglos. La época independentista de
México, que trajo consigo la conformación de instituciones liberales para
el nuevo Estado-nación de derecho, abarca prácticamente todo el siglo
XIX, y sin duda la Constitución Federal de 1857 representa un hito en
la declaración de derechos de las personas y los ciudadanos mexicanos, al
mismo tiempo que en su protección con la introducción de la figura de
amparo como institución innovadora, pero tardía para el caso mexicano, si
tomamos en cuenta el derecho comparado para esa época, sobre todo con
base en la temprana instauración, en Inglaterra, del habeas corpus.
Entre los antecedentes del habeas corpus se encuentran: a) la Carta de
Libertades firmada en 1100 por Enrique I, bajo presión de los nobles; b)
la Carta sobre las Libertades del Reino y de la Iglesia otorgada en 1136
por Esteban I de Blois; c) las cláusulas de libertad personal y debido proceso
anticipadas en la célebre Carta Magna Libertatum firmadas en 1215
por Juan I (Juan “Sin Tierra”), también bajo presión de los nobles; d) las
Provisiones de Oxford firmadas en 1258 por Enrique III, bajo presión de
la nobleza; y e) el Habeas Corpus Act promulgada por Oliver Cromwell en
1679, para consolidar la Revolución inglesa de 1640.
Del mismo modo, en esa línea de derecho comparado, deben considerarse
las primeras declaraciones históricas de derechos: a) en Inglaterra
(1689), el Parlamento impuso al príncipe Guillermo de Orange la Bill Of
Rights, como condición para suceder al depuesto y exiliado Jacobo; b) en
Francia (1789), se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano; y c) en los Estados Unidos (1791), se aprueban las primeras
diez enmiendas a la joven Constitución de 1787, todas ellas relativas a derechos
y libertades de las personas, que a su vez tienen como antecedente
la Declaración de Derechos de Virginia de 1776.4

4 La primera enmienda de ese grupo estableció libertades y derechos de culto, expresión,
prensa, petición y reunión. Las demás enmiendas incorporaron, entre otras disposiciones,
los derechos de posesión de armas y el debido proceso judicial, características
arraigadas históricamente en el derecho angloamericano. La Constitución de los Estados
Unidos tuvo 27 enmiendas entre 1791 y 1992. La penúltima enmienda, promulgada el
1 de julio de 1971, permitió reducir a 18 años la edad para ejercer el sufragio universal.
La última enmienda, promulgada el 7 de mayo de 1992, en realidad fue la segunda en la
historia del constitucionalismo estadounidense, pero esperó 200 años para ser ratificada,
y establece: “Ninguna ley que varíe la remuneración de los servicios de los senadores y
representantes tendrá efecto hasta después de que se haya realizado una elección de representantes”.


En el pasado (Nueva España), privilegios, no derechos
La protección institucional y constitucional de los derechos humanos en
México ha sido tardía en distintos momentos, en contraste con la temprana
inscripción en algunas Constituciones modernas de una serie de derechos
individuales y algunos derechos sociales y, del mismo modo, con la
instauración de sistemas pioneros de defensa jurisdiccional de derechos en
Europa y los Estados Unidos. Esta aseveración se atenúa sólo por los antecedentes
de ciertas medidas selectivas de protección de las clases pobres
o de los grupos socialmente vulnerables en la época de la Colonia y en el
siglo XIX. Así, como parte del derecho indiano,5 las Nuevas Leyes de 1542
expedidas por la corona española estipularon que los indios no debían ser
esclavizados, salvo si se rebelaban a la dominación colonial; a diferencia
de la Real Cédula del 20 de junio de 1500, por la que se prohibió que se
llevaran indios a España y someterlos a servidumbre.6 Puesto que la dominación
colonial requería consolidarse, pronto se estableció el sistema de
encomienda de tierras a fin de incorporar a este estrato social –diferenciado
de las castas7 o grupos con mezcla racial– a un régimen especial de tributación,
servidumbre y sujeción religiosa, el cual no excluyó el uso de la fuerza
(Lara, 2007: 35-41; Grenni: 2000, 2003 y 2008; y Bernal: 1989).
El sistema de reparto y encomiendas fue una institución que benefició
no sólo a los españoles, que así obtuvieron grandes extensiones de tierras
en agradecimiento a sus servicios a la corona, sino que además –y principalmente–
mantuvo la sujeción social, económica, cultural y religiosa de

5 El llamado derecho indiano, como se conoció a las Leyes de Indias, fue inspiración
de la reina Isabel La Católica, quien manifestó una especial protección de la libertad y la
dignidad de los indios. Bajo el reinado de Carlos II, el 18 de mayo de 1680 se firmó, en
Madrid, la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Dicha legislación regulaba
diversas materias en nueve libros y una sección de “Fé de Erratas” [sic]. Una copia de este
documento –organizado por libros y cláusulas– se puede consultar en línea en el Archivo
Digital de la Legislación en el Perú, disponible en: <http://www.congreso.gob.pe/ntley/
LeyIndiaP.htm>.
6 Mediante Cédula Real del 14 de junio de 1500, la reina Isabel La Católica prohibió
que se llevaran indios a España o someterlos a servidumbre. A la vuelta de su viaje de
descubrimiento del nuevo continente, Colón llevó varios indios a los que pensaba vender
para obtener otra vía de financiamiento a sus actividades de ultramar, pero la reina anuló
las ventas y ordenó el retorno de los indios a su tierra nativa.
7 Al respecto, véase la voz casta (colonial) en el sitio de Wikipedia, en donde se encuentra
mayor información sobre las múltiples mezclas raciales en la Colonia: <http://
es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_castas_colonial>.


la población india o nativa, la cual fue organizada por ordenanza real en
torno a la concesión controlada de tierras, montes y aguas para su uso y
usufructo,8,9 y permitió incluso que sus miembros tuvieran márgenes de libertad
para contraer matrimonio sin restricciones raciales o de castas y que
las mujeres fueran consideradas libres (Lara, 2007: 39-41; Salinas, 2008:
9-17; y Ruiz, 2002).
Es obvio que no estamos hablando, para esa época, de derechos universales
otorgados a la población india en México durante la Colonia, sino de
privilegios acordes con una estructura de castas (mezclas) y distinción de
razas (españoles e indios) y con el sistema medieval de fueros (o derechos
morales o prerrogativas o exenciones) en España –que se prolongó desde
principios del siglo XIII hasta el siglo XVIII, cuando Felipe V derogó los

8 Mediante la Cédula Real del 19 de diciembre de 1573, Felipe II ordenó que los sitios
en donde se formaran los pueblos y reducciones tuvieran “comodidad de agua, tierras
y montes, entradas, salidas y labranzas y un ejido de una legua de largo, donde los indios
puedan tener sus ganados”. Otras ordenanzas reales expedidas posteriormente complementaron
el salto que ya se había dado en 1573, pues introdujeron el régimen de propiedad
comunal y los fundos legales para las estancias de ganado, lo cual no fue obstáculo
alguno para sucesivas modificaciones en la estructura de propietarios y posesionarios de
tierras que desembocaron en el afianzamiento del sistema de haciendas y en la expoliación
de tierras indias por grupos poderosos económicamente y aun por el clero. Esto ocurrió
sobre todo luego de la expedición de la Cédula Real del 20 de mayo de 1578, de Felipe II,
por la cual fue urgida “la necesidad de reducir a pueblos la población indígena dispersa,
contando con la colaboración entre los poderes civiles y eclesiásticos”, con justificación
de que “para ser verdaderamente cristianos y políticos, como hombres racionales que son,
es necesario estar congregados y reducidos en pueblos y no vivan derramados y dispersos
por las tierras y montes, por lo cual son privados de todo beneficio espiritual y temporal,
sin poder tener socorro de ningún bien” (véase la Cédula Real mencionada, disponible
en: <http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1578_380/Real_c_dula_de_Felipe_II_
por_la_que_se_urge_la_nec_1169.shtml>). Así, al mismo tiempo que se conformaron
los pueblos indios y la propiedad comunal, se abrió paso una época de integración e identidad
de la población en torno al fundo legal para el establecimiento de caseríos, pastoreo
de ganado, corte de madera y explotación agrícola de tierras comunales.
9 Puede aventurarse la hipótesis consistente en que tal concesión de tierras, montes y
aguas a la población india constituye el antecedente del régimen ejidal establecido por el
Constituyente de 1917 bajo la forma de dotaciones ejidales, del cual puede destacarse la
determinación de reconocer la propiedad originaria de la tierra a la nación. Pero también, el
sistema de reparto y encomienda fue la base para la formación de la gran propiedad territorial
concentrada en las haciendas y, por tanto, en una estructura de servidumbre intermedia
de mayordomos, capataces, mozos y peones, subsistente hasta las primeras décadas de la
llamada posrevolución mexicana (décadas de 1920 a 1940). Al respecto, véase, entre otros
trabajos, el capítulo III de la tesis de licenciatura de Paola Velasco Santos (2005).


Fueros de Aragón, cuyo núcleo había imperado en toda la península hispánica
a la par que otros fueros de herencia real similar (véase Aldunate,
2004; y López, 2006)–. En realidad, los derechos de las personas –y de
los ciudadanos– tienen carácter general, extensivo y universal; en cambio,
los fueros, los privilegios y las prerrogativas tienen carácter restrictivo,
selectivo y particular, que corresponden a sociedades de servidumbre, estructuras
de castas, regímenes autoritarios o sociedades jerarquizadas por
tradiciones.
Como puede advertirse, en la época colonial no pudo existir una concepción
de derechos humanos. Esta concepción se difundió más bien en
América desde las revoluciones burguesas en Inglaterra (en el siglo XVII)
y Francia (1789) y con la expansión de ideas a las que –desde España– se
les dio el nombre de liberales. Fue precisamente con la Constitución de
Cádiz (en 1812) como se introdujo en la todavía Nueva España, un incipiente
caudal de ideas relativas a la libertad civil, la propiedad privada y la
libertad de imprenta, así como un sistema de seguridad jurídica y procesal
para las personas por el que se adoptaron algunos principios originados en
Inglaterra, desde 1215,10 y, sobre todo, cuando se creó la Bill of Rights, en
1689, a saber: los de aseguramiento de la libertad personal, la abolición de
la tortura, la prohibición de las detenciones arbitrarias, la obligación de hacer
comparecer a los detenidos inmediatamente ante tribunales, el debido
proceso legal, la máxima publicidad en el proceso y el confinamiento del

10 De ese conjunto de principios derivó la institución inglesa conocida como habeas corpus,
que literalmente ha significado la obligación de la autoridad responsable de la detención
de una persona a presentarla materialmente, a mostrar el cuerpo del detenido. Su regulación
se estableció dentro del periodo de las dos revoluciones inglesas: en la Ley Inglesa de 1640 y
en el Acta Hábeas Corpus de 1679. Además, la figura de Debido Proceso, que había quedado
trazada en su generalidad en 1215, fue confirmada en la carta magna promulgada por el rey
Eduardo III de Inglaterra, en 1354, y significó que toda persona presunta culpable de algún
delito esté sujeta no sólo a un proceso judicial, sino también a uno “que sea adecuado o debido”
(Posadas y Flores, 2006: 1). Pero en España se adoptó similarmente el “recurso de manifestación
de personas” en el Fuero de Aragón de 1428 y en el Fuero de Vizcaya de 1527.
El habeas corpus –como instrumento precautelar para garantizar la libertad personal– se alza
sobre dos derechos humanos o fundamentales: el de libertad individual (contra detenciones
arbitrarias o no sujetas a proceso legal alguno) y el de integridad de la persona (contra actos
que causen lesión, daños físicos, tortura o fallecimiento del detenido). (Al respecto, véase
Machado, 2007; además, el sito de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad
de Madrid (EducaMadrid), contiene una sección sobre derechos humanos, suficientemente
documentada: <http://www.educa2.madrid.org/cms_tools/files/2eafd0fb-47cd-427a-bf77-
3742704b14ff/exelearnign_oficial/bill_of_rights.html>.)


prisionero en condiciones humanitarias. La mayor parte de esos principios
estuvo contenida en la Constitución de Bayona, impuesta a los españoles
por Napoleón Bonaparte en 1808.
La Constitución de Apatzingán de 1814 –que, en realidad, nunca se
aplicó en el país– estableció los derechos de votar y ser votado, como había
sido el caso de la Constitución de Cádiz de 1812; la figura de ciudadanos,
conforme a requisitos censitarios y de mínimos de renta personal; la igualdad
de derechos ante la ley; una serie de derechos de seguridad jurídica;
y, en su artículo 24, el principio utilitarista que condensa los principales
derechos establecidos en esa Carta: “La felicidad del pueblo y de cada uno
de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad
y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución
de los gobiernos, y el único fin de las asociaciones políticas”.
En la Constitución Federal de 1824 no se encuentra declaración alguna
de derechos humanos o “del hombre”,11 sintomáticamente del mismo
modo que la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787,
pues aquélla había sido casi una copia literal de ésta por cuanto a su diseño
general y al sistema de organización y funcionamiento de los órganos de
poder del Estado.
La primera de siete leyes expedidas por el gobierno centralista y conservador
mexicano, en 1836, estableció en 15 artículos una serie de derechos
y obligaciones de los mexicanos, en particular con relación a la seguridad
personal, al sufragio y las ideas políticas, pero no más. La segunda ley estableció
un “Supremo Poder Conservador”, un órgano distinto de los otros
(legislativo, ejecutivo y judicial), con atribuciones principales de control de
constitucionalidad de leyes y actos de autoridad, establecidas en su artículo
12, párrafos 1°, 2° y 3°.
Normativamente, la figura de amparo –o, mejor dicho, el derecho de
las personas a reclamar el amparo a una serie de derechos subjetivos y la
competencia del poder judicial para ampararlos– había quedado establecida
en la Constitución de Yucatán de 1841,12 cuyo artículo 7° abre un

11 La inteligente y revolucionaria francesa Olympe de Gouges se atrevió a publicar
también, en 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, motivo
suficiente para encolerizar al autócrata y conductor del periodo del Reino del Terror revolucionario,
Maximilien Robespierre, y luego, en 1793, ser detenida y ejecutada en la
guillotina. Robespierre sería también ejecutado en la guillotina un año después.
12 La Constitución de Yucatán de 1841 introdujo además (novedosamente para el
ámbito local y federal) el sistema de elección popular directa, el sistema bicamaral (una cámara de diputados y otra de senadores) y la libertad de creencias. Por lo demás, la introducción
de la figura de amparo en Yucatán –aunque no quedó suficientemente expresa– se
debe a las ideas del jurista yucateco Manuel Crescencio [García] Rejón, pero también del
jurista jalisciense Mariano Otero, quien desde mediados de la década de 1830 –recién
obtenido su título de abogado, a los 18 años de edad– había propuesto la defensa de los
derechos individuales a través de un procedimiento judicial. Ambos son considerados “padres
del Juicio de Amparo”.


capítulo de “garantías individuales” e incluye, entre la serie de “derechos
del hombre”, el derecho a un debido proceso, mientras que en el artículo
8° establece que “Los jueces de primera instancia ampararán en el goce
de los derechos garantidos por el artículo anterior, a los que les pidan su
protección contra cualesquier funcionarios que no correspondan al orden
judicial, decidiendo brevemente y sumariamente las cuestiones que se susciten
sobre los asuntos indicados”. Asimismo, en su artículo 62, párrafo
1, establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia (de Yucatán):
Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las
leyes y decretos de la legislatura que sean contrarias al texto literal de la constitución,
o contra las providencias del gobernador, cuando en ellas se hubiesen infringido
el código fundamental en los términos expresados, limitándose en ambos
casos, a reparar el agravio en la parte en que la Constitución hubiese sido violada.
El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, en su artículo 5°, estableció
que “para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce,
una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de
que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios
de hacerlas efectivas”. En correlación con ese dispositivo, en su artículo 25
determinó que:
Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República
en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución
y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo y
ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a
impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer
ninguna declaración respecto de la ley o del acto que lo motivare.
En el Acta de 1847 se puede advertir una redacción general que señala derechos
y garantías, además de una ley para hacerlas efectivas ante los tribunales
federales. La protección de derechos y garantías alude directamente
al “ataque” de éstos por autoridades de los órganos de los poderes ejecutivo
y judicial, federal y de las entidades federativas, pero se omite al poder
judicial.
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857
estableció un catálogo amplio de los “derechos del hombre” en la primera
sección del título I. Así, el artículo 1 determinaba: “El pueblo mexicano
reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones
sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las
autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la
presente Constitución”. Los demás artículos (2 a 29) de dicha sección señalan
una serie de derechos y libertades del hombre y principios jurídicos
para su protección: libertad de trabajo, derecho a la justa retribución, libertad
de manifestación de las ideas, libertad de escribir y publicar escritos
sobre cualquier materia, libertad de asociación y reunión pacífica, derecho
de posesión de armas para la seguridad y legítima defensa, derecho a ser
juzgado debidamente, etcétera. Específicamente, su artículo 20 establece
que todo acusado tendrá “garantías” “en todo juicio criminal”, lo cual se
condensa en un debido proceso judicial. En su artículo 33 habla de un
“derecho a las garantías” para los extranjeros, establecidas en el capítulo de
“los derechos del hombre”; y en su artículo 101, fracción I, de la obligación
de los tribunales de la federación a resolver toda controversia que se suscite
por “leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales”.
Se advierte aquí, como en la Constitución de Yucatán de 1841, la
protección judicial contra leyes, no sólo contra actos de autoridad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
estableció –en su título primero, capítulo I– las llamadas “garantías individuales”,
formuladas de manera similar a los “derechos del hombre” de
1857, y, desde luego, incluyó una serie de libertades de las personas, así
como derechos y obligaciones de los ciudadanos. Pero, como algo novedoso
en el constitucionalismo mexicano y en el mundo, agregó una serie de
derechos sociales, en particular en los artículos 3 (el derecho a la “enseñanza
gratuita” en los “establecimientos oficiales”), 27 (el derecho a la tierra
en distintas modalidades)13 y 123 (los derechos a igual remuneración por

13 Modalidades de la propiedad de la tierra que originariamente corresponde a la
nación en todo el territorio nacional (artículo 27, párrafo primero, de la Constitución Política
mexicana): propiedad privada, propiedad comunal y propiedad ejidal por dotación.
En su párrafo tercero, el texto original del artículo 27 de la Constitución Política de 1917
estableció que, a partir del fraccionamiento de los latifundios: “Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para
las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas
de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se
confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad
con el Decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares
necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad pública”.
Del mismo modo, la fracción VI de dicho artículo determinó que: “Los condueñazgos,
rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de
hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en
común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren,
conforme a la ley de 6 de enero de 1915; entre tanto la ley determina la manera
de hacer el repartimiento únicamente de las tierras”.


igual trabajo, a un salario suficiente, al goce de por lo menos un día de
descanso a la semana, a una vivienda bajo renta, a la huelga, a condiciones
laborales higiénicas y salubres, a formar “sindicatos” o “asociaciones profesionales”,
etcétera).14
La creación de la CNDH: un hito significativo
Las violaciones a las garantías individuales o –como se dice apropiadamente
a partir de la reforma constitucional de 2011 en esta materia– los
derechos humanos, que implicaron diversos crímenes de Estado (desapariciones
forzadas, encarcelamiento ilegal, masacres, represión sistemática,
hostigamiento, persecución, amenazas) en contra de movimientos, organizaciones
y líderes sociales y políticos, fueron in crescendo entre 1958
y la década de 1980, pero es sintomático que esta tendencia no se haya
detenido entrado el siglo XXI. Este hecho confirma que las recurrentes
y abundantes violaciones a los derechos humanos se atribuyan no a un
partido-gobierno en especial, sino a un sistema de Estado anclado en el
que no están arraigados aún los principios constitucionales y democráticos.


14 La Constitución Política mexicana de 1917 es pionera en la inclusión de un catálogo
mínimo de los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esa línea fue seguida
por los alemanes, en cuya Constitución de Weimar de 1919, incluyeron derechos sociales
que serían la referencia histórica del llamado Estado del bienestar en Europa. La Constitución
de España de 1931 incorporó también una serie de derechos sociales, lo mismo que
la Constitución de la URSS de 1936, si bien en ambas los derechos civiles y políticos no
tuvieron una debida formulación ni una protección jurídica. En efecto, dice Luciano Silva
Ramírez, “la Norma Fundamental de 1917 recoge dicho catálogo, perfeccionándolo en
algunos casos, dándole además un sentido de carácter social, consagrándose una serie de
derechos inherentes a la persona humana destacando los de libertad, igualdad, seguridad jurídica,
e incluso el derecho a la propiedad en un sentido eminentemente social” (2006: 78).

Es posible que la transición política en la que tuvo incidencia importante
un sector de las fuerzas de izquierda en torno a la figura de Cuauhtémoc
Cárdenas, en el polémico proceso electoral de 1987-88, y la culminación
de la represión selectiva contra la izquierda entre 1987 y 1990, hayan sido
factor de presión para que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari iniciara
una política de protección institucional de los derechos humanos, lo cual
culminó en la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), en 1990, y su pronta constitucionalización en 1992.
Del mismo modo, es posible que la violación agobiante de derechos
humanos en México, durante largo tiempo, haya sido motivo para emprender
dos de las más importantes reformas constitucionales en esta materia,
lo que concluyó en junio de 2011 y tuvo como consecuencia una extensión
en el alcance del juicio de amparo, la adopción abierta del lenguaje
de derechos humanos propio del derecho internacional, la ampliación del
catálogo de derechos humanos justiciables (establecidos en la Constitución
Política federal y en los tratados internacionales celebrados por el Estado
mexicano), la precisión de un catálogo de derechos humanos que no se
pueden suspender por ningún motivo, la transferencia a la CNDH de la
facultad de investigación de hechos constitutivos de alguna violación grave
a alguno de los derechos humanos, el otorgamiento de nuevas facultades
al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) para el control parlamentario y jurisdiccional, respectivamente,
de actos del Ejecutivo federal concernientes a la suspensión de derechos en
situaciones de excepción.
La CNDH tiene como antecedente la creación de la Dirección General
de Derechos Humanos, en febrero de 1989, como una instancia integrada
a la Secretaría de Gobernación (del Ejecutivo federal), a la cual se le
facultó para establecer enlaces de coordinación con entidades, instituciones
y organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el propósito
de promocionar y proteger los derechos humanos. En 1990, cuando
la situación de los derechos humanos parecía empeorar, la CNDH nació
como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con
autonomía técnica y operativa, pero sin personalidad jurídica ni patrimonio
propio, y con una estructura compuesta por un presidente y un Consejo,
a su vez integrado por notables para deliberar y proponer directrices
y lineamientos idóneos. Sus funciones fueron similares a las que tenía la
Dirección que le antecedió: sólo de carácter administrativo, orientadas a la
promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos, bajo la línea
de mando del Ejecutivo federal y de coordinación con organismos nacionales
e internacionales.
Por decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 28 de enero de 1992, se crearon organismos
protectores de los derechos humanos, uno de carácter nacional y los correspondientes
a las entidades federativas. La CNDH nació así como un
organismo constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria,
personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para recibir
quejas por violación de los derechos humanos atribuida a actos u omisiones
de autoridad, emitir recomendaciones a las responsables y promover
denuncias y quejas ante otras autoridades para garantizar la protección
de los derechos violados. Con ello se instauró un sistema de protección
no jurisdiccional de los derechos humanos, que complementaría al sistema
de protección jurisdiccional originado entre 1847 y 1857. Por lo demás,
tuvieron que pasar cuarenta y dos años, desde la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, por las Naciones Unidas, para que en
México pudiera abrirse lentamente una etapa de mayor atención institucional
a la protección de tales derechos tanto por vía jurisdiccional como
no jurisdiccional, la cual parece haber entrado en su fase culminante con
las reformas constitucionales de 2011.
Las facultades originarias de la CNDH fueron constreñidas a conocer
de quejas relativas a violaciones de los derechos humanos, salvo en
materia electoral y laboral, en un ámbito de competencias puramente administrativo,
pero con la reforma del 10 de junio de 2011 la CNDH ya
puede recibir quejas en materia laboral. Al año siguiente de su creación se
instituyó el Tribunal Federal Electoral, por reforma publicada en el DOF
el 3 de septiembre de 1993, que sustituyó al Tribunal de lo Contencioso
Electoral (creado a su vez por reforma al artículo 60 de la Constitución
Política, publicada en el DOF el 15 de diciembre de 1986, y regulado en la
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales). En
1996, con el decreto de reforma a los artículos 60 y 99 constitucionales,
publicado en el DOF el 22 de agosto de 1996, el Tribunal Electoral pasó a
formar parte del Poder Judicial de la Federación, como órgano autónomo,
y sus sentencias tienen desde entonces carácter definitivo e inatacable. La
creación y modificación sucesiva del Tribunal Electoral permitió de origen
apartar a la CNDH de las investigaciones relativas a violaciones de derechos
político-electorales, pero no de las violaciones a otros derechos que
pudieran ocurrir previamente o, incluso, durante un proceso electoral.
El apartado B del artículo 102 de la Constitución Política federal,
adicionado mediante esa reforma, estableció lo siguiente (las cursivas son
nuestras):
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en el ámbito de
sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los
derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán
de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial
de la Federación, que violen estos derechos. Formularán recomendaciones
públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades
respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales,
laborales y jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades
que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u
omisiones de los organismos equivalentes de los estados.
De la misma manera, se publicó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en el DOF el 29 de junio de 1992. Así, además de que la
CNDH adquirió rango constitucional, su configuración legal permitió dar
certeza a su organización y funcionamiento.
Dos decretos posteriores de reforma al artículo 102 constitucional
fueron publicados en el DOF el 31 de diciembre de 1994 y el 13 de septiembre
de 1999. El primero de ellos facultó al procurador general de la
República a intervenir en los juicios de controversia constitucional y de
acción de inconstitucionalidad (introducida por ese mismo decreto en el
artículo 105, fracción II, constitucional); además, introdujo la figura de
consejero jurídico del Gobierno. El segundo decreto modificó y adicionó
el apartado B de dicho artículo en los siguiente términos: a) estableció de
manera expresa el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
b) determinó la creación de un Consejo Consultivo “integrado por
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación
calificada”; c) fijó la figura de presidente de dicha Comisión (el mismo
de ese Consejo Consultivo), con derecho a ser reelecto para un siguiente
periodo de cinco años; d) y estableció que la Comisión “conocerá de las
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones,
acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades
federativas”.
La reforma a la fracción II del artículo 105 constitucional, cuyo decreto
se publicó en el DOF el 14 de septiembre de 2006, otorgó a la
CNDH la facultad de ejercitar acciones de inconstitucionalidad “en contra
de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como
de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados
por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos
consagrados en esta Constitución”. De igual manera, concedió a las
comisiones estatales protectoras de los derechos humanos la facultad de
impugnar por esa vía leyes expedidas por las legislaturas de las entidades
federativas en esa materia. El resultado de esta reforma fue la ampliación
del espectro de actores legitimados para promover este medio de control
constitucional incorporado en la Constitución Política federal por reforma
publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1994; originalmente,
dicha facultad estaba reservada al procurador general de la República y a
las minorías legislativas de las cámaras del Congreso de la Unión y de los
órganos legislativos estatales.15
La reforma constitucional cuyo decreto se publicó en el DOF de 10
de junio de 2011 –por la que se abrió una vía de recepción del derecho
internacional, se distinguió con precisión entre los derechos humanos y sus
garantías, se amplió el catálogo de derechos justiciables y se suprimió a la
SCJN la facultad de investigación de hechos violatorios de derechos humanos–,
afectó también la facultad de la CNDH establecida en el inciso g de
la fracción II del artículo 105, de manera que, desde entonces, las acciones
de inconstitucionalidad también pueden ser ejercitadas en virtud de la no

15 La reforma a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política federal, cuyo
decreto se publicó en el DOF el 22 de agosto de 1996, incorporó a los partidos políticos
con registro federal como actores legitimados para ejercitar acciones de inconstitucionalidad
sólo en materia electoral, a través de sus dirigentes, en contra de leyes electorales
federales y estatales. A los partidos políticos estatales les otorgó la misma facultad, pero en
contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les hubiera
otorgado el registro. Además, dicha reforma estableció que la única vía para plantear la
no conformidad de las leyes electorales a la Constitución Política federal es la acción de
inconstitucionalidad, dentro del plazo originalmente establecido de treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de las leyes a impugnar y “por lo menos noventa días
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse”, sin que en ese otro plazo
pueda haber “modificación legal fundamental” alguna.


conformidad de leyes mexicanas a los tratados internacionales en materia
de derechos humanos (las cursivas son nuestras):16
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter
federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República,
que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos
de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República,
en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Esta reforma, sin embargo, deja abierta una interrogante con respecto a
la distinción que ya había fijado el Pleno de la SCJN entre la Constitución,
por un lado, y los tratados internacionales y las leyes ordinarias, por
otro. Porque, si el control de constitucionalidad de leyes en México está
asentado en una concepción de la no conformidad de normas impugnadas
–que son parte de un subconjunto integrado por los tratados y las leyes
ordinarias federales y locales– con respecto a la Constitución federal,
en tanto que los conflictos normativos entre los tratados internacionales
y cualesquiera de las leyes ordinarias (federales o locales) se venían concibiendo
como materia del control de legalidad, ¿estaremos ante un nuevo
parámetro –una especie de parámetro compuesto– para hacer efectivo el
control de constitucionalidad de leyes y, por tanto, ante el inicio de la admisión
de la recepción del derecho internacional por el derecho interno
en un enfoque monista, lo que además supondría la conformación de un
“bloque de constitucionalidad”? (véase al respecto Ayala, 2004).

16 Puede advertirse una redacción algo enredada en el nuevo inciso g de la fracción II del
artículo 105 constitucional, no sólo porque hay redundancia de la expresión “tratados internacionales”,
sino, ante todo, porque no está suficientemente decantada en la Constitución
Política federal la concepción de la jerarquía normativa que involucra el derecho interno y
el derecho internacional para efectos de control constitucional y control de legalidad. En
consecuencia, se hace necesaria una reforma de tal dispositivo constitucional que, en primer
lugar, incorpore una redacción idónea en correlación, además, con el artículo 133, en el
cual se establece el principio de “ley fundamental” y la fórmula que condensa la jerarquía
normativa aplicable al caso mexicano; y, en segundo lugar, permita consolidar el alcance de
las dos reformas constitucionales publicadas en 2011 (el 6 y el 10 de junio) relativas al juicio
de amparo y a una concepción actualizada de derechos humanos.


Ahora bien, el uso de la expresión derechos humanos en México data
de finales de la década de 1980, pero se popularizó de manera vertiginosa
con la creación de la CNDH y de las comisiones estatales, a tal grado que
el común de la gente habla o escucha ordinariamente de esos derechos con
significados variables, sobre todo cuando advierte acciones más o menos
arbitrarias de autoridades en contra de los gobernados. Incluso, según José
de Jesús Gudiño (2002: 277), el vocablo derechos humanos se instaló “como
una moda intelectual y política, pero, al igual que en otros países, se ha
usado con una imprecisión alarmante”, de modo que ha sido convertida
en “una especie de buchaca vacía en la que caben todos los deseos, fobias,
ideologías, prejuicios, así como todo tipo de supuestas legítimas reivindicaciones,
ya sean individuales, sociales o de grupo, de los diversos organismos
no gubernamentales que se dedican a este tipo de activismo”.
De acuerdo con Rodrigo Labardini (2001: 215), en su significado fuerte
y garantista, la expresión derechos humanos supone, en primer lugar, una
serie de exigencias y pretensiones ético-jurídicas y políticas en virtud del
principio de dignidad humana, justamente el mismo con el que empiezan
la Constitución de Alemania17 y la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, proclamada en 2000; y, en segundo lugar, denota barreras
políticas y jurídicas al poder de las autoridades, un tipo superior de
contención a las arbitrariedades de las autoridades que abreva en la doble
reivindicación iusnaturalista consistente en que las personas nacen libres
e iguales, en tanto que la autoridad del gobernante es un poder político
constituido por los titulares de tales derechos.
El uso impreciso o diverso de la expresión derechos humanos ha conducido,
incluso, al absurdo de referirse laxamente –con descuido doctrinal
o con la intención de lograr alguna evasión de responsabilidad gubernamental–
a violaciones de tales derechos por los criminales, no ya por particulares
en general. Esa fue, por ejemplo, una idea equívoca lanzada por el
presidente Felipe Calderón desde 2010, cuando, en la presentación del informe
de actividades del presidente de la CNDH correspondiente a 2009,
contestó al señalamiento de éste de atribuir las violaciones a los servidores
públicos. Es posible que el presidente Calderón haya querido aligerar la

17 La ley fundamental para la República Federal Alemana de 1949 inició, en su artículo
1.0, párrafo 1, exactamente del siguiente modo: “Artículo 1.0. 1. La dignidad del
hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y
protección”. La mayoría de las Constituciones democráticas –o casi todas– inician con el
principio de soberanía popular.


carga de las críticas a las acciones de su gobierno, pero también introdujo
un nuevo tipo de responsables de violaciones a tales derechos. Además,
según una nota periodística difundida por diversos medios electrónicos e
impresos, el 28 de noviembre de 2011, en el estado de Morelos, Calderón
quiso hacer creer que su gobierno estaba comprometido con la obligación
de guardar y hacer guardar la ley, y que “a juzgar por las cosas que vemos
todos los días, son precisamente los criminales, las bandas criminales las
que buscan, a través de la amenaza, de la violencia, del terror, violar sistemáticamente
la vida, la seguridad, la libertad, el patrimonio y los derechos
básicos de las y los mexicanos”.18 En la Cumbre de Líderes de América
del Norte, realizada en agosto de 2009 en Guadalajara, Jalisco, y ante el
compromiso de Felipe Calderón de respetar los derechos humanos, Barack
Obama ya había sentado precedente en la formulación de la idea de que no
son los gobiernos o las autoridades las que violan los derechos humanos,
sino los criminales. En su discurso del día 11 de ese mes, Obama señaló
que “los mayores violadores de los derechos humanos, por supuesto, son
los de los cárteles de narcotraficantes, que están secuestrando y que están
fomentando la corrupción en nuestras regiones. Y eso es lo que hay que
detener”.19
No se desconoce que hay una nueva línea doctrinal en la formulación
de la hipótesis de violaciones a los derechos humanos en las que inciden
actos de particulares (véase, por ejemplo, Valadés, 2006 y 2011; Tangarife,
2010; Álvarez Londoño, 2006; y Sarazá, 2008),20 en contraste con la for-

18 Véase: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/11/28/criminales-son-quienes-
violan-derechos-dice-calderon>.
19 Véase: <http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2009/08/11/obama-es-el-crimen-
el-que-viola-derechos/>.
20 Diego Valadés cita distintas Constituciones de países latinoamericanos en donde se
encuentra prevista la posibilidad de afectación de los derechos humanos por particulares
(El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela) o la
responsabilidad explícita de particulares por hechos violatorios de derechos fundamentales
(Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú). Así, como observa
Valadés, hay una tendencia clara en el sistema interamericano a prevenir o evitar actos de
particulares que pueden ser lesivos a los derechos fundamentales (Valadés, 2006: 608-609
y 611). Por su parte, Rafael Sarazá Jimena sostiene, con un excelente razonamiento, que
“si en el siglo XIX los derechos fundamentales se conciben exclusivamente como derechos
frente al Estado, es porque el propósito principal de la incorporación de los derechos fundamentales
a la Constitución es la protección del individuo ante intrusiones arbitrarias
del Estado, mientras que la protección jurídico-constitucional frente a los poderes sociales
y a los terceros en general aparece como secundaria. Esta circunstancia habría cambiado en la época actual, porque el individuo depende cada vez más de los grupos, asociaciones
y grandes empresas, por lo que debe ser protegido también frente a esos poderes” (2008:
93-94). A su vez, Luis Fernando Álvarez Londoño afirma que si bien el Estado puede ser
señalado como el principal responsable de violación de derechos humanos en el derecho
internacional, “no quiere decir que los individuos u otro tipo de sujetos, como las empresas
o los actores armados, por ejemplo, queden libres o eximidos de responsabilidad
por los actos que realicen o dejen de realizar, en perjuicio de los estándares mínimos de
derechos humanos”. De manera que “en la actualidad, una preocupación generalizada,
por los adversos efectos que tienen para toda la humanidad, la constituyen las violaciones
cometidas por grupos armados y narcotraficantes” (2006: 30).


mulación tradicional de que son los gobernantes o quienes están investidos
de autoridad o poder del Estado los únicos que pueden ser responsables
de tales violaciones. Sin embargo, hay una gran distancia entre esta nueva
formulación y el tipo de declaraciones –como las de Felipe Calderón y Barack
Obama, o las de otros mandatarios en la región latinoamericana– que
sostienen que son los criminales los que violan derechos humanos o los que
más violan estos derechos, con lo cual seguramente se pretende oscurecer
el campo de acción represiva que le es propio a todo Estado de derecho
(véase al respecto Poulantzas, 1979, especialmente el capítulo 3 referido
lúcidamente a “la ley”).
En consecuencia –que puede parecer un incidente reiterado en el discurso
presidencial mexicano–, la misma CNDH, de acuerdo con el artículo
6°, fracción II, inciso b) de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, reformada por decreto publicado en el DOF de 14
de diciembre de 2011, también tiene facultad para “conocer e investigar a
petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos
en los siguientes casos: […] b) Cuando los particulares o algún otro agente
social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público
o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente
a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con
dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad
física de las personas” [cursivas nuestras]. En materia de amparo,
con esa reforma de 2011 también se integra la hipótesis de agravio de derechos
por actos de particulares equivalentes a actos de autoridad.
No obstante que la regulación de la protección de los derechos humanos
en México, por intervención del ombudsman nacional, ha considerado
la posibilidad de la incidencia de particulares o de algún “agente social”
en la violación de derechos humanos, las investigaciones que a tal efecto
deben llevarse a cabo no pueden ignorar, por un lado, las prestaciones del
Derecho Internacional Humanitario21 a todas las personas que se apartan
de un conflicto interno con fuerzas armadas del Estado y, por otro, las obligaciones
que impone el derecho internacional de los derechos humanos a
los Estados para proteger por igual y universalmente los derechos de todos
los gobernados.
En otras palabras, el Estado tiene la obligación de proteger indistintamente
los derechos humanos de los gobernados, con independencia de
que, en primer lugar, tales derechos se encuentren o no establecidos en
el derecho interno y, en segundo lugar, de que los particulares sean acusados
penalmente por conductas ilícitas que configuren algún delito que
incida en violaciones a tales derechos. Tal tipo de obligación confirma, en
realidad, que la protección de los derechos humanos a través de tratados,
pactos, convenciones y cortes internacionales, “constituye la juridización
a gran escala de principios morales fundamentales” (Spector, 2001: 46), lo
cual no debe entenderse como un sustituto de su constitucionalización y
regulación interna, pues incluso es posible que el derecho interno pueda
aportar concepciones, mecanismos y figuras útiles a la internacionalización
de los derechos.

21 Si bien el Derecho Internacional Humanitario vela prioritariamente por los derechos
humanos de aquellas personas que se apartan de conflictos internos e incidentalmente
resultan lesionados, existe la obligación de un Estado a limitar el uso de métodos
de guerra, pero, como está establecido en la propia Carta de las Naciones Unidas, no
establece si un país tiene derecho a recurrir al uso de la fuerza, incluso en esa línea de los
métodos de guerra, como ocurre frecuentemente. Las Naciones Unidas pueden condenar
tal uso de fuerza y, en última instancia, resolver la intervención coordinada multinacional
armada cuando los ataques armados gubernamentales se concentran gravemente en contra
de la población civil (como en el caso de Costa de Marfil en abril de 2011), o bien, el
Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas puede llevar a cabo investigaciones
o recabar testimonios o informes relativos a violaciones graves de derechos humanos a
causa de conflictos entre civiles y fuerzas gubernamentales o abusos de autoridad, lo cual
coadyuva a las propias tareas de la CNDH (para esclarecer los hechos y emitir las quejas
y recomendaciones necesarias), como en el caso de la muerte de dos estudiantes normalistas
en el estado de Guerrero, el 12 de diciembre de 2011, durante una manifestación
vigilada y cercada por policías federales y de esa entidad federativa. Un documento de la
Cruz Roja Internacional publicado en 2008 ayuda a entender estas cuestiones del derecho
internacional que implican violaciones a los derechos humanos (CICR, 2008); además,
para un seguimiento puntual y bien documentado de los conflictos en diversas regiones
del mundo, véase el Barómetro sobre conflictos y construcción de paz, un informe trimestral
publicado por la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona
(http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Item
id=88&lang=es).


He ahí que el significado de derechos humanos se ha banalizado o ha
adquirido una dimensión que ya no se circunscribe sólo a la vinculación
entre gobernados y gobernantes en términos de adjudicación de responsabilidad
exclusivamente a las autoridades o los gobernantes. Es claro que la
responsabilidad puede ser alentada por conductas ilícitas de particulares,
pero mientras que a los detentadores del poder del Estado o a quienes
están investidos de autoridad se les debe reconvenir o juzgar por contravenir
leyes y, sobre todo, preceptos constitucionales en materia de derechos
humanos (que incluyen todos los derechos justiciables), a los particulares
y “otros agentes sociales” se les debe juzgar como presuntos delincuentes.
Desde luego, eso no obsta para que, si fuera el caso, los servidores públicos
puestos en tela de juicio puedan ser acusados de responsabilidad penal, y
no sólo de responsabilidad política, administrativa o civil, como lo establece
la Constitución Política federal en su título cuarto, “De las responsabilidades
de los servidores públicos y patrimonial del Estado”.22
Por lo demás, como acertadamente se sostiene en la guía práctica Derechos
humanos de las mujeres: paso a paso, publicada por el IIDH:
Identificar la violación que se va a investigar a veces resulta más difícil de lo que
pareciera a primera vista. Es necesario que el/la investigador(a) tenga en mente
que en la mayoría de los casos es al Estado, y no al individuo, a quien el derecho
internacional le impone obligaciones. Así, para que un abuso particular constituya
una violación de los derechos humanos, el/la investigador(a) debe relacionarlo
con alguna forma de acción estatal, ya sea por acción o por omisión.
Por ejemplo, si el abuso tiene que ver con la violencia doméstica, tendrá que
demostrarse no sólo que son individuos particulares quienes lo están cometiendo,
sino que el Estado está incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones
de hacer algo al respecto. Por lo tanto, la verdadera violación de los derechos
humanos no es el abuso doméstico en sí, sino también la incapacidad estatal de
prevenir o sancionar esos abusos o de garantizar a las mujeres una igual protección
ante la Ley (IIDH, 2000: 175).
Una evaluación crítica de la CNDH publicada por Human Rights Watch
(2008) señala lo siguiente, en los primeros renglones:

22 Una reforma constitucional de finales de 2011 –cuyo procedimiento podría concluir
en 2012– apunta a la posibilidad de sujetar penalmente a cualquier servidor público
incluso sin que sea ya necesario, previamente, el llamado “juicio de procedencia” o “declaración
de procedencia”, ordinariamente llamado “desafuero”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la institución oficial
de México encargada de defender y promover los derechos fundamentales,
no está ejerciendo al máximo su mandato. A lo largo de los años, la CNDH
ha realizado algunos aportes valiosos a la promoción de los derechos humanos
en México, al documentar de manera detallada y fundada violaciones de derechos
humanos y obstáculos sistémicos al progreso en esta materia. Sin embargo,
cuando se trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones
de derechos humanos en México, a través de asegurar un recurso efectivo a
las víctimas y de promover reformas estructurales, la actuación de la CNDH ha
sido decepcionante.
Y a eso tal vez debería agregarse la siguiente pregunta: ¿Podrá mejorar la
actuación de la CNDH con la facultad que antes de la reforma constitucional
del 10 de junio de 2011 tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a saber, la de investigación de hechos que constituyan una violación
grave de alguno de los derechos humanos? Incluso, persiste la cuestión –a
la que se enfrentó la SCJN al ejercer la facultad que le daba el artículo 97
constitucional, párrafo segundo– de cómo se puede determinar con precisión
si una violación a derechos humanos es “grave” o no lo es.
El párrafo in fine que se adicionó al apartado B del artículo 102 constitucional,
como resultado de esa especie de transferencia de competencias,
y por el cual ahora se establece la categoría de “violaciones graves” de derechos
humanos, en una especie de acción del Estado… ¡en contra de sí
mismo!, quedó como sigue:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente
o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de
la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal o
las legislaturas de las entidades federativas.
En los términos en que ha quedado establecida esta nueva facultad de la
CNDH, es pertinente el señalamiento de Gudiño Pelayo, autor de El Estado
contra sí mismo: las comisiones gubernamentales de derechos humanos
y la deslegitimación de lo estatal (1998), que anticipa por qué un ente del
Estado se puede volver en contra del mismo Estado. ¿Acaso no es eso una
contradicción? A propósito de la creación constitucional de la CNDH con
facultades limitadas, no jurisdiccionales, Gudiño Pelayo llama la atención
acerca de la incompatibilidad de este organismo con respecto al sistema
constitucional preexistente de defensa efectiva de los derechos humanos,
puesto que ésta pudo continuar por la vía del juicio de amparo que es competencia
de un órgano jurisdiccional y no anteponer una vía administrativa
que implica la autocontención de presión social por parte de los agraviados,
la redundancia de quejas y la ausencia de consecuencias jurídicas en
la emisión de recomendaciones, como no sea la aceptación formalista e
hipócrita de las mismas.
En este sentido, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 no
abona en la necesidad de dar eficacia a la propia Constitución y a la ley
que regula las funciones de la CNDH, puesto que, a lo sumo, obliga a los
responsables de violaciones a derechos humanos a “fundar, motivar y hacer
pública” su negativa a atender las recomendaciones en cuestión y, en su
caso, a comparecer ante los órganos legislativos federales (salvo la Cámara
de Diputados) o locales para “explicar el motivo de su negativa”. Veamos
esa nueva disposición constitucional, contenida en el artículo 102, apartado
B, segundo párrafo:
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán
fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores
o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas,
según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a
las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
¿Eso es justicia constitucional? En definitiva, ¡no lo es! ¿En dónde está la
eficacia constitucional? En otras palabras, ¿en dónde, con tal disposición,
se cumple el principio de Estado garantista, de tutela efectiva de los derechos
humanos? La intención de ir en la dirección de la justicia constitucional
queda, así, suspendida por una barrera administrativa; su restitución o
actualización debería plantear algún tipo de vínculo para emprender acciones
en contra de servidores públicos responsables de violaciones a derechos
humanos por la vía del juicio de amparo, del juicio político o de la simple
denuncia penal que –como se anticipa en reforma constitucional en ciernes
en materia de “desafuero”23– no requerirá ya previamente del juicio o la

23 El Senado de la República conoció, el 29 de noviembre de 2011, en primera lectura,
el dictamen de reforma a diversos artículos de la Constitución Política federal, cuyo fin consiste
en establecer que los servidores públicos señalados en tal norma fundamental puedan ser sujetos de proceso penal sin perder su inmunidad durante el tiempo en que se lleve a cabo,
hasta la declaración de sentencia condenatoria. El dictamen, una vez aprobado por ese órgano
legislativo, se publicó en la Gaceta del Senado del 1 de diciembre de 2011 y fue turnado a la
Cámara de Diputados para continuar el procedimiento de reforma constitucional. (Disponible
en: <http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=12357&lg=61>).
Es posible que en la ley que regule esta materia se determine algún tipo de medidas precautelares
para evitar la evasión de la justicia durante la etapa procesal.


declaración de procedencia para sujetar al responsable a proceso penal por
determinación del juez de la causa; de modo que sólo cuando sea dictada
la sentencia condenatoria de primera instancia por dicho juez, él mismo
solicitará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad del procesado
para que cese en sus funciones y quede plenamente a disposición de la
autoridad correspondiente.
Algunos autores están convencidos de que el Estado “no irá nunca contra
sí mismo” (por ejemplo, Ruiz, 2009). ¡Pero esa contradicción ya existía
cuando la facultad estaba en las manos de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación! Y, en realidad, en esa época tampoco los informes que resultaban
de las investigaciones de hechos constituyentes de violaciones graves a
los derechos humanos surtían mayor efecto que el de señalar responsables.
Si por la misma naturaleza jurídica de las relaciones entre los gobernantes
y los gobernados o entre quienes tienen poder y autoridad de Estado
y quienes son simples gobernados, a estos últimos se les reserva el
derecho de iniciar acciones para sujetar a los primeros a las disposiciones
constitucionales, que se traducen en un control de los detentadores de poder
político, ¿por qué distorsionar la naturaleza de la protección y defensa
de los derechos humanos? ¿Es que no basta que los gobernados denuncien
las violaciones de cualquier tipo a esos derechos? ¿O se pretende continuar
con la reserva gubernamental para evitar alguna crisis del Estado en situaciones,
por ejemplo, de masacres o represión generalizada por fuerzas del
Estado? ¿Es que las violaciones a esos derechos denunciadas por los gobernados
mediante el recurso de la queja, no son “graves”? Sin duda, el sonado
caso de los asesinatos de los dos estudiantes normalistas en el estado de
Guerrero, el 12 de diciembre de 2011, dará la pauta para responder a estas
interrogantes por la forma en que se iniciaron las indagaciones. Mientras
tanto, no hay más elementos para elaborar alguna respuesta.
Así, a veinte años de su creación, la CNDH decidió incluir entre sus
prioridades la de atender las quejas por violaciones a derechos humanos
en comunidades indígenas, uno de los grupos sociales más vulnerables en
México. De un total de 9 968 quejas registradas en 2011 (del 1 de enero
al 30 de noviembre), la CNDH había dado preferencia a 1 857, correspondientes
a comunidades indígenas, bajo el Programa de Gestión de
Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada, con beneficio directo
a 218 personas. Como parte de sus funciones de orientación, la CNDH
también realizó ahí dos tipos de actividad: i) elaboró cartillas temáticas,
dípticos y trípticos sobre los derechos de los adolescentes y jóvenes indígenas,
también dirigidos a personas adultas; y ii) organizó foros sobre
protección de los derechos humanos de la población indígena infantil, de
los derechos humanos ante los usos y costumbres, de los derechos humanos
de los pueblos y las comunidades indígenas y el derecho a una vida
libre de violencia. Es indudable que las tareas orientadas a conformar una
cultura de los derechos humanos no sólo parecen impactar la mentalidad
de quienes se involucran en los cursos, foros y debates temáticos, sino
que, también, en el mediano plazo parecen ayudar a integrar a la población
a las estructuras políticas, a crear un ambiente propicio para la convivencia
colectiva pacífica, a la seguridad cotidiana de las personas y a la
conformación de acciones comunes preventivas o disuasivas de posibles
violaciones a esos derechos (Román, 2005; Claude, 2003; Pérez, 2005;
Ávila, 2005; y Tiul, 2006).24
Como puede apreciarse en el cuadro 1, el número de expedientes de
quejas registradas ante la CNDH en 2011 creció alrededor de 30 por ciento
en comparación con 2010.25 Estos datos fueron reconocidos por el organismo
a finales de 2011 como evidencia de la interminable violación de
derechos humanos en un país agobiado por la violencia en sus distintas

24 Flor María Ávila Hernández se refiere a la “cultura de los derechos humanos”, en
proceso, en los términos siguientes: “Una cultura que tiene como centro al hombre, la
sacralidad e inviolabilidad de su dignidad humana y su protección y garantía por parte
del Estado. Una cultura que tiene como novedad histórica la elaboración colectiva por
parte de los gobiernos de un ‘corpus iuris’ así como el empeño de todas las agencias para
su actuación”. Ahora bien, esta autora plantea una hipótesis interesante que rompe con
la creencia común de que la cultura de los derechos humanos ayuda a una toma de conciencia
por un nuevo sujeto o nuevos sujetos de cambio social, pues, en realidad, el objetivo
principal se descifra por lo siguiente: “las recientes cartas de Derechos Humanos de
las áreas antes mencionadas, a partir de la década de los ochenta, no responden a verdaderos
proyectos de institucionalidad de la vida en común, sino que obedecen a la lógica de
los Estados nacionales, en la búsqueda de consenso y legitimidad democrática en el foro
internacional, con el resultado de ocultar los déficit de democracia, el desvalor de la vitalidad
y la disgregación social, que las teorías conflictualistas denuncian” (2005: 78 y 79).

25 Cada expediente puede contener una o más quejas individualizadas, y eso hace
que el número absoluto de quejas crezca de manera alarmante. Véase la nota descriptora
de divulgación en la liga de la misma CNDH: <http://www.cndh.org.mx/book/export/html/79


Cuadro 1. Expedientes de queja por violaciones de los derechos
humanos en México, 1990-2011
Año Expedientes de queja Recomendaciones
(A) Registrados (B) No concluidos emitidas
en el año anterior
(A y B)
Concluidos
1990 n.d. n.d. n.d. 34
1991 n.d. n.d. n.d. 131
1992 n.d. n.d. n.d. 271
1993 n.d. n.d. n.d. 273
1994 n.d. n.d. n.d. 140
1995 n.d. n.d. n.d. 166
1996 n.d. n.d. n.d. 124
1997 n.d. n.d. n.d. 127
1998 n.d. n.d. n.d. 114
1999 n.d. n.d. n.d. 104
2000 3 918 1 266 4 647 37
2001 3 362 537 3 165 27
2002 3 184 734 3 365 49
2003 3 318 553 3 342 52
2004 3 914 729 3 800 92
2005 5 294 843 4 717 51
2006 5 475 1 420 5 604 46
2007 5 244 1 291 4 993 70
2008 6 004 1 542 5 926 67
2009 6 083 1 620 6 026 78
2010 6 916 1 677 6 384 86
2011* 9 968 2 209 8 196 73
Fuente: Informes de las Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México) de los años correspondientes:
<http://www.cndh.org.mx/node/32>, <http://www.cndh.org.mx/node/126>.
* Al 30 de noviembre de 2011.
modalidades y en prácticamente todos los sectores y grupos sociales. Así,
en un comunicado del 21 de diciembre de 2011, la CNDH reconoció
que del 1 de enero al 19 de diciembre de 2011 había recibido más de
20 mil quejas,26 y, en coherencia con la diversidad de quejosos, este or-

26 Comunicado del 21 de diciembre de 2011 de la CNDH: “La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, del 1 de enero al 19 de diciembre de 2011, recibió más de 20 mil expedientes de queja. En promedio más de mil 700 quejas al mes. De ese total,
registró 10 mil 392 presuntas violaciones a derechos humanos; 5 mil 641 en donde se
realizaron orientaciones directas; 4 mil 766 se remitieron a organismos locales de derechos
humanos y 386 recursos de inconformidad por omisión o dilación en el trámite de quejas
a cargo de organismos públicos de derechos humanos de entidades federativas y el Distrito
Federal” (disponible en: <http://www.cndh.org.mx/node/37>).


ganismo se ha fijado distintas prioridades, además de las comunidades
indígenas, entre las que se encuentra también la atención a la población
escolar infantil y a los periodistas. No obstante, las quejas abarcan temas
que señalan como responsables principales a servidores públicos del orden
federal: prestación indebida del servicio público; ilegalidad de actos de autoridad;
falta de honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño
de los servidores públicos; detenciones arbitrarias; omisión de atención
médica; acciones que transgreden los derechos de los migrantes y sus familiares;
incumplimiento de formalidades para la emisión de órdenes de
cateo; negativa en la prestación de servicios de seguridad social; trato cruel,
inhumano y degradante; así como empleo arbitrario de la fuerza pública.
Como ya se ha señalado, en el afán de descargo de culpas o remordimientos
o sospechas, de uno y otro lado se señalan diversos y diferentes
transgresores de derechos humanos en esa amplia pasarela que incluye ahora
–además de los servidores públicos de distinto orden de gobierno– a los
particulares o “agentes sociales” de distinta naturaleza, en virtud del poder
económico y social del que gozan en sociedades marcadas por la desigualdad
social, la pobreza, la violencia ubicua y la ausencia de empoderamiento
de los grupos hasta ahora vulnerables.
Así, en un monitoreo de declaraciones vertidas a los medios de comunicación,
de acuerdo con la búsqueda de “principales violadores de
derechos humanos en México”, se pueden identificar distintos sujetos activos:
“fundamentalmente” criminales, según Felipe Calderón (en 2010
y 2011) o los “narcotraficantes”, según Barack Obama (el 10 de agosto
de 2009);27 los militares, seguidos de personal del IMSS y del ISSSTE,
según los informes de la CNDH. Es sintomático que el presidente Cal-


27 Curiosamente, según señalamiento del nicaragüense Omar Cabezas, presidente de
la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), “Estados Unidos es el mayor violador
de derechos humanos y la organización Human Rights Watch sólo hace trabajo de
fontanería (sucio) a pedido del Partido Republicano”. “Estados Unidos es el único que
delinque y que es inmune, no se acoge a ninguna organización, convención o tratado
internacional en el que él pueda comparecer como acusado” (Milenio, 18/11/2008, disponible
en: <http://impreso.milenio.com/node/8040157>).

derón haya reiterado en 2011 el discurso emitido el 5 de marzo de 2010
en ocasión de la presentación del Informe de Actividades del presidente
de la CNDH, afirmando lo siguiente:
[…] reconozco que tenemos mucho que avanzar; sin embargo, también me queda
muy claro que las referencias que usted ha hecho en materia de extorsión, en
materia de secuestro, en materia de homicidio de ciudadanos; en materia de homicidio,
secuestro, hostigamiento de migrantes; en materia de homicidio de
periodistas, que también es un fenómeno preocupante y creciente, fundamentalmente
son realizadas por criminales (Presidencia de la República, 2010).
Tras recibir el informe de Human Rights Watch, Ni seguridad, ni derechos:
ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México (de 236
páginas, aquí citado), el 10 de noviembre de 2011, el presidente Calderón
reiteró que “la principal amenaza para los derechos humanos de los
mexicanos son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de
delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan
de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus
familias”. Ese mensaje fue publicado luego en el sitio oficial de la Presidencia
de la República.
La terrible situación en el mundo, relativa a la creciente represión de
protestas sociales, el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas y
la amenaza constante contra la libertad de expresión es relatada en diversos
informes nacionales, regionales y mundiales cada año. Los informes publicados
en 2011 dan cuenta de la difícil situación que vive la población
en decenas de países, incluido México, a causa de gobiernos autoritarios,
combate al narcotráfico, conflictos interétnicos, guerras civiles por el poder,
conflictos religiosos y pobreza extrema (CIDH, 2011 a y 2011 b;
OPDDH, 2011; Cencos, 2009 y 2010; RSF, 2011; y ONU, 2011 b).
En México, la amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión
en sus distintas modalidades ha producido una gran cantidad de periodistas
amenazados y ejecutados por el crimen organizado y por algunos gobernantes
locales, pero tampoco se tienen cifras exactas y seguras, como lo deja ver,
por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras en su Informe Anual 2010, en el que
afirma que “podrían haber sido asesinados entre 13 y 14 periodistas desde el
inicio de 2010”, y “en la mayoría de los casos los asesinatos quedan impunes”,
con lo cual México ocupa la posición 136 entre los 178 de la clasificación
mundial de la libertad de prensa (RSF, 2011: 58).

Sin duda, la categoría de periodistas, reporteros y, en general, el personal
inmerso en el ámbito de las noticias y el análisis periodístico se encuentra
en una situación muy difícil en México y el mundo, al grado de
que Naciones Unidas y otros organismos internacionales protectores de los
derechos humanos han pedido al gobierno mexicano mayores esfuerzos
para garantizar la libertad de prensa y proteger a los periodistas. Ésa fue,
por ejemplo, la exhortación hecha el 24 de octubre de 2011 por los relatores
para la libertad de expresión de Naciones Unidas y la Organización
de Estados Americanos al gobierno mexicano, quienes entonces revelaron
–en un informe escrito– que en México había un registro de 75 periodistas
muertos violentamente entre 2000 y 2011.28 Este dato es el mismo que reporta
la CNDH en un comunicado del 7 de enero de 2012 en su sitio web:
“Desde el año 2000 hasta el 2011, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos registró un total de 75 homicidios de periodistas en México; 9
en el último año”.29
Conclusiones
José de Jesús Gudiño Pelayo (1998) lanzó una severa –pero atinada
crítica– al alcance de las facultades otorgadas a la CNDH, debido al
confinamiento de su papel a un campo puramente administrativo, que
no produce vinculación alguna y, al contrario, en la ausencia progresiva
de eficacia en su funcionamiento, siempre existe el riesgo de incitar la
irritación social, la inconformidad de los denunciantes de violaciones
a los derechos humanos. En primer lugar, afirma, “cuando se establece
que los organismos de derechos humanos conocerán de quejas contra
actos u omisiones de naturaleza administrativa, ha quedado demostrado
que por disposición expresa del artículo 103 constitucional, la violación
de garantías individuales [como se les conocía antes del 10 de junio de
2011] tiene carácter jurisdiccional, es decir, de controversia”, lo cual,
antes de esa fecha, se reiteró en la negación de competencia para conocer
de asuntos laborales, además de electorales y jurisdiccionales. Gracias

28 Dicho informe incluye siete temas relacionados con la libertad de prensa y una
serie de recomendaciones para mejorar la situación de los periodistas mexicanos, pues este
país es considerado el más violento y peligroso en el continente americano para la labor
periodística.
29 Comunicado de la CNDH del 7 de enero de 2012 sobre periodistas asesinados en
México: <http://www.cndh.org.mx/node/37>.


a la reforma del 10 de junio de 2011, la CNDH ya tiene competencia
para conocer de quejas en materia de derechos humanos laborales y, por
tanto, para formular “recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias
y quejas ante las autoridades respectivas”, en los términos del
artículo 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política
federal, así como del artículo 5°, fracción III, de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, reformada por decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011.
A la par de ese tipo de críticas y de una serie dispersa de propuestas
generales, planteadas desde finales del siglo XX para introducir importantes
reformas favorables a la protección y defensa de los derechos fundamentales
y los derechos humanos, en el segundo lustro del siglo XXI nos
encontramos con un debate más ordenado, sistematizado, y orientado a
concretar una parte importante de esas reformas. Sin duda, las dos grandes
reformas de 2011 (en materia de juicio de amparo y en materia de recepción
del derecho internacional de los derechos humanos) subsanan diversos
reclamos para propiciar en México un acceso suficientemente allanado
hacia la justicia constitucional que, por lo demás, deberá impactar favorablemente
en los sistemas de protección judicial ordinaria y administrativa
de esos derechos.
Por otra parte, es paradójico que en el sistema multifacético de protección
de los derechos humanos en México, a casi un centenar de años de
contar con una de las Constituciones vanguardistas en materia de derechos
sociales, todavía no se disponga de un sistema integral para hacerlos plenamente
justiciables, no sólo por vía jurisdiccional, sino también mediante
políticas que atiendan debidamente el principio de dignidad humana.
Tantas reformas constitucionales no sólo deben servir precisamente para
presumir que podemos estar en sintonía con el derecho internacional, sino
además con esas doctrinas económicas, políticas, sociales y filosóficas que
exigen resolver con oportunidad y en plazos razonables los grandes problemas
nacionales, locales y municipales.
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10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Localización en línea en sitio web oficial: http://www.un.org/es/documents/udhr/
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución
2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Fecha de entrada
en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo
49. Lista de los Estados que han ratificado el pacto: Localización
en línea en sitio web oficial: http://www2.ohchr.org/spanish/law/
ccpr.htm
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Fecha de
entrada en vigor el 3 de enero de 1976. Localización en línea en
sitio web oficial: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado por el Consejo
de Europa en 1950. Fecha de entrada en vigor: 1953. Firmado
y ratificado mediante Protocolo último de fecha 1 de junio
de 2010. Localización en línea: http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/
ESP_CONV.pdf
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada
en Niza, el 7 diciembre de 2000, y publicada en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2000. Fue
enmendada y proclamada por segunda vez el 12 diciembre de 2007,
previamente a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre
de 2009, el cual le dio carácter legal vinculante, con excepción
de los casos de Polonia y el Reino Unido. Localización en línea en
sitio oficial: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf


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Miguel González Madrid

Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.Politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Distinguido con la Mención el Mejor Estudiante de Ciencia Política por el CONACYT y la Dirección General de Profesiones en 1981. Ha impartido cursos en la Licenciatura en Ciencia Política, de la Universidad Autónoma Metropolitana, desde 1984 entre los que destacan: teorías contemporáneas del Estado, políticas públicas, federalismo y gobiernos locales, teorías de la democracia, cultura y opinión pública y poderes públicos federales en México. Fue Consejero Electoral propietario del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, durante el periodo del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2006. Actualmente es Jefe del Área de Procesos Políticos del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

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